sábado, 6 de octubre de 2012



Golpe a la democracia o golpe de estado
Fueron las dos expresiones que rondaron en Bogotá, al conocerse la determinación del vicepresidente, Angelino Garzón, de no permitir los exámenes que había solicitado un grupo de senadores, que fueron catalogados como «golpistas». La situación originará que el presidente del Congreso, Roy Barreras, salga a aclarar la situación incómoda que se ha vivido en el Gobierno nacional y el Congreso de la República. «Si yo me prestara para una evaluación médica, me estaría prestando para un golpe a la democracia en Colombia», sostuvo Garzón.

Se «cayó» el gobernador de Chocó
El Consejo de Estado negó un recurso de súplica interpuesto por el gobernador del Chocó, Luis Gilberto Murillo Urrutia, que pretendía que se revocara la suspensión provisional en desarrollo de una demanda en su contra. La elección del mandatario seccional fue demandada ante lo contencioso administrativo ya que, según la misma, él no puede ejercer el cargo por estar inhabilitado ante una decisión judicial proferida en su contra. El anuncio fue realizado por Pablo Bustos, presidente de Red de Veedurías Ciudadanas.

Santos, de acuerdo con Angelino
El vicepresidente, Angelino Garzón, visitó al presidente Santos en la Fundación Santa Fe, donde le comunicó la determinación adoptada frente a la pretensión de un grupo de senadores, que solicitó la realización de unos exámenes médicos para establecer si el vicepresidente está en condiciones para estar al frente del cargo y si puede reemplazar al presidente de la República Santos Calderón respaldó la posición del vicepresidente, y dijo que Angelino Garzón está lúcido.

Tutela de la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, que revoque el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá el pasado 26 de septiembre, por medio del cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Emilio José Tapia Aldana, contra la decisión del 27 de julio del mismo año, emanada del Juzgado 60 Penal Municipal, que ordenó la medida de aseguramiento de detención preventiva. El Ministerio Público consideró que se vulneraron los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y debido proceso de la Procuraduría General de la Nación, el pasado 26 de septiembre de 2012, cuando el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, negó la acción de tutela interpuesta por el ente de control en contra del Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá. En ese recurso, dicho juzgado decidió revocar el auto del Juzgado de control de garantías sin entrar a analizar los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público, sosteniendo que esta entidad interviniente no podía hacer solicitudes relacionadas con medidas de aseguramiento.

Crisis en Cartagena
La no presencia del alcalde, Campo Elías Terán, como consecuencia de su grave enfermedad ha ocasionado que la crisis toque todos los sectores del Gobierno Distrital de Cartagena. En las últimas horas, renunció de manera irrevocable el secretario general de la Alcaldía de Cartagena, Felipe Merlano de la Ossa, quien hasta hace diez días fungió como alcalde encargado de la ciudad. Hace unos días había renunciado del director de Distriseguridad, exalmirante Gabriel Arango Bachi. Nuevos secretarios del despacho anuncian renunciar como consecuencia de la dictadura que ha implantado la hija del alcalde, Egla Terán Humanez, para favorecer a contratistas allegados a su familia, según denuncias de algunos concejales de Cartagena.

Salucoop
A las 9 de la mañana del próximo martes 9 de octubre, se reanudará el desarrollo de la audiencia pública que adelanta la Procuraduría General de la Nación contra el cuerpo directivo y miembros del Consejo directivo de Saludcoop, para que respondan por posibles irregularidades derivadas de la desatención de las instrucciones que debían observar en la formulación de recobros; y por, probablemente, apropiarse de recursos públicos en provecho propio. Así lo dispuso el procurador segundo Delegado para la vigilancia Administrativa, Fernando Brito Ruiz, quien escuchará en alegatos de conclusión a los señores Carlos Augusto Palacino Antía, en su condición de representante legal; Carolina Lamus, en su condición de vicepresidenta administrativa y miembro de la junta administradora de Epsifarma; y Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, vicepresidente financiero, representante legal suplente y apoderado general de Saludcoop. Así mismo, los miembros principales del Consejo de Administración para el período comprendido entre el 2009 y el 2011, Alberto Castro Cantillo, José Enrique Corrales Enciso, Jaime Chávez Suárez, Claudia López Ochoa, René Cavanzo Alzugarate, Gabriel Franco Espinosa y Ana María Piñeros Ricardo.

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