Por Alfonso J. Luna Geller
Pareciera que uno obligadamente tiene que ser monotemático y cansón, tratando de aportar valoraciones para que en nuestro entorno todos nos comprometiéramos en el alivio de las relaciones agresivas entre los integrantes de esta sociedad y recíprocamente, de los ciudadanos con sus gobernantes, esperando el bienestar social general. Pero lo pernicioso, lo que se critica y se pone en evidencia regularmente a través de los medios de comunicación, sigue ocurriendo a un ritmo desconcertante. Es como si fuéramos convocados a un reto: o ustedes los ilusos que creen que se puede mejorar la calidad de vida y acabar con la corrupción o nosotros, los violentos y quienes tenemos el “poder”.
Diego Luis Carabalí, un reconocido periodista nortecaucano se convirtió, la semana pasada, en nueva víctima de las amenazas de muerte para que deje de ejercer su oficio de toda la vida y renuncie a tanta “preguntadera”. Lo extraño de este asunto, que comenzó a ser investigado por las autoridades competentes, es que quien aparece como remitente de las amenazas al Facebook de Diego Luis es un menor de edad ya identificado, que al parecer ha sido utilizado para el efecto. Este incidente se origina, según se presume, porque Carabalí hizo unas peticiones de información, no respondidas, a la Secretaría de Tránsito y a la Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de Santander de Quilichao, aunque advierte que no quiere ser “irresponsable” aseverando que las amenazas se deban a ello; que solo está informando lo ocurrido para que se tomen las medidas pertinentes. Lo cierto es que le llegaron estos mensajes: “le voy a decir algo, señor, deje de hacer esos comentarios estúpidos… borre eso ya, viejo marica, y deje de “acer” (sic) preguntas estúpidas, quite eso, no se vaya “acer” matar… vea, viejo “ijueputa” (sic) quite eso o yo la mafia q viene para santander mi grupo es de los de la 15 los perros santos nos vemos dieguito…”
En esas andamos por andar preguntando. No puede uno entender qué sociedad es la que algunas personas creen que hay que ayudar a construir. Hace relativamente poco tiempo por aquí algo huele muy mal con respecto al trabajo de algunos periodistas; todos tenemos derecho a sospechar. A pesar de todo, seremos insistentes en que uno de los requisitos para para lograr una gestión pública participativa, transparente, honesta y una democracia de calidad, es garantizar el derecho de acceso a la información pública, que además es una condición garante de otros derechos.
Y ése derecho es reconocido expresamente por el artículo 74 de la Constitución Política en los siguientes términos: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”. Este precepto está ubicado en el Capítulo 2 del Título II de la Constitución (De los Derechos sociales, económicos y culturales), no obstante, la jurisprudencia constitucional ha reconocido su carácter de derecho fundamental.
La información pública es pues, como su nombre lo indica, un bien público, y por lo tanto las limitaciones para acceder a ella están señaladas por la Ley, por ejemplo, cuando su publicidad genera comprobados riesgos a la seguridad nacional o violaciones a la privacidad de las personas. Además, el acceso a la información es una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción y un requisito para el buen gobierno; motivar la desinformación, o no interesarse por ése derecho de las personas, siempre degenera en algunos que se creen que pueden lograr el silencio de los medios con las amenazas. Está comprobado que generalmente donde se niega, elude o se rehúsa la entrega oportuna de la información pública es porque se amparan escenarios propicios para la acción de los corruptos. Y eso la gente ya lo sabe; por eso el periodista no puede desconocer que el mayor enemigo de la libertad de prensa es el difícil acceso a la información pública.
Entonces el reto debiera ser: total transparencia como requisito indispensable para la credibilidad y la generación de progreso en una sociedad, y el sano equilibrio entre gobernados y gobernantes sobre la base de una legítima participación ciudadana en la toma de decisiones públicas con base en la información precisa que manejan.
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