JOSE LOPEZ HURTADO*
Algunos altos exfuncionarios del gobierno del señor Uribe, que hoy
se encuentran detenidos y soportan causas criminales, ante la contundencia de
las pruebas que militan en su contra, han declarado que son presos políticos de
la justicia colombiana.
No tienen otro argumento, ante la impotencia de sus defensores,
pretendiendo deslegitimar los procesos que se les siguen, como el caso de la
señora exdirectora del DAS (antigua oficina de policía política), sindicada de
interceptaciones ilegales, quien gracias al mismo argumento, obtuvo asilo en
Panamá, en donde hoy se encuentra.
Es la desesperada estrategia a la que acuden frente a las sentencias
condenatorias que se les avecina, y que como es evidente, solo pretenden, como se
dice coloquialmente, "torcerle el pescuezo a la ley".
Andrés Felipe Arias, exministro de agricultura de ese régimen,
sindicado de los delitos de celebración de contratos millonarios sin el
cumplimiento de los requisitos legales y de peculado, acaba de sostener la
misma teoría, cuando la Fiscalía General de la Nación, ha ido destruyendo la
presunción de inocencia que lo protegía de los graves cargos.
Pero resulta absolutamente evidente que los punibles investigados,
corresponden a la categoría de comunes, en este caso, contra la administración
pública, y de ningún modo, pueden asumirse como aquellos que atentan contra la
existencia y la seguridad del Estado, que revisten una marcada connotación
política. Pero que ni aún así pueden llamarse reos políticos, más propio de las
dictaduras, que no es el caso colombiano. El señor Arias desconoce
maliciosamente esta distinción, y cuando se subroga la condición de preso
político, lo que está tratando de señalar es que la justicia colombiana lo
tiene entre rejas por su condición de militante de la derecha colombiana, que así
mismo se reconoce, y por su estrecha cercanía ideológica con Uribe, de quien
pretendía ser su sucesor. Esta forma de pensar explica el por qué durante los
ocho años de ese gobierno, los jueces y los Altos Tribunales, fueron objeto de
los mas incruentos ataques y hostilidades por parte de quienes en el fondo,
buscaban sentar en Colombia la mas oscura hegemonía, lo más distante posible de
cualquier control sobre sus actos.
Pero no, los jueces han demostrado que se encuentran bastante
distantes de proferir decisiones con algún sesgo político, en consideración al
credo religioso o proselitista del enjuiciado. El ex-Alto Comisionado de la Paz,
hoy prófugo, también se dice ser un perseguido político por la justicia colombiana,
como única justificante de los presuntos delitos que se le endilgan.
Es el último y desesperado recurso que se les ocurre, ante la
ausencia de cualquier lógica jurídica, que es lo propio para estos casos.
* Analista Internacional, colombiano.
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