sábado, 18 de agosto de 2012

JUSTICIA TARDÍA


JOSE LÓPEZ HURTADO*

El sistema judicial latinoamericano, de Méjico a la Patagonia, está lleno de errores, porque al fin y al cabo la administración de justicia, es una operación humana, sujeta a imperfecciones, y lastimosamente expuesta, en muchas ocasiones, a presiones políticas o a irresistibles intereses de grupo. Infinidad de casos forman parte de la historia negra de los abusos cometidos por quienes en nombre de la señora de ojos vendados administran justicia.

El reciente informe Chokokue en Paraguay, los "mandamientos de apremio", como se llaman técnicamente en Bolivia, los casos de los hermanos Cerezo Contreras en Méjico, por no mencionar otros eventos en Argentina, después de la eliminación de las leyes de amnistía a los militares -pero que por fortuna comienza a depurarse-, son apenas pálidos ejemplos de la injusticia de los estrados judiciales.

El caso del exdiputado Sigifredo López en Colombia, sindicado de haber organizado su propio secuestro en complicidad con las FARC y de haber ofrecido su participación en el asesinato de sus colegas, es la más fiel muestra de la irresponsabilidad e indolencia de algunos operadores judiciales, que en últimas tendrán que responder por sus actos y confesar a la opinión pública, a qué intereses ocultos estaban sirviendo mediante sus providencias, al someter contra toda evidencia, a la pérdida de libertad al investigado.

Porque resulta un pésimo precedente para la justicia colombiana y latinoamericana que, en un principio de la investigación, al quedar sin ningún valor probatorio los indicios que militaban en su contra -haber servido de guía a los guerrilleros el día de sus secuestro-, gracias al estudio pericial adelantado por el FBI, el Fiscal de la investigación persistiera en su actitud prevaricadora y alentara la recepción, para este caso particular, de testigos que permitieron que López continuara privado de la libertad, gracias a lo que se ha llamado una punible "fábrica de testigos falsos”.

Por eso resulta de urgencia inmediata que la figura de la detención preventiva sea revaluada y se diseñen instrumentos que hagan más difícil su aplicación. Que la expresión popular de que "un auto de detención no se le niega a nadie", comience a ser simplemente historia, porque en últimas atenta contra el principal derecho fundamental del ser humano, como es el de su libertad, y a violentar seriamente el postulado universal de la presunción de inocencia, consagrado en las democracias liberales.

En éste orden de ideas, resulta muy estimulante saber que existen iniciativas como "Proyecto Inocencia”, en Colombia que ha sido pionera, pero con agencias en algunos países latinoamericanos, que si bien atiende a casos en los que existe condena por errores judiciales, es un serio intento por remediar las fallas en las que incurren los jueces, enviando personas inocentes a las cárceles, o como dicen algunos al "corredor de la muerte".

´Justicia tardía, pero justicia al fin y al cabo, que algunos operadores judiciales maltratan, arrastrando con sus decisiones, honras, hogares, patrimonios morales hacia un abismo sin fondo. Daños irreparables. Fantasma con el que cualquier ciudadano del común puede toparse en algún momento a la vuelta de la esquina... o en cualquier despacho judicial.

* Analista Internacional, colombiano.

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