JOSE LÓPEZ HURTADO*
El sistema judicial latinoamericano, de Méjico a la Patagonia,
está lleno de errores, porque al fin y al cabo la administración de justicia,
es una operación humana, sujeta a imperfecciones, y lastimosamente expuesta, en
muchas ocasiones, a presiones políticas o a irresistibles intereses de grupo. Infinidad
de casos forman parte de la historia negra de los abusos cometidos por quienes
en nombre de la señora de ojos vendados administran justicia.
El reciente informe Chokokue en Paraguay, los "mandamientos de
apremio", como se llaman técnicamente en Bolivia, los casos de los
hermanos Cerezo Contreras en Méjico, por no mencionar otros eventos en
Argentina, después de la eliminación de las leyes de amnistía a los militares -pero
que por fortuna comienza a depurarse-, son apenas pálidos ejemplos de la
injusticia de los estrados judiciales.
El caso del exdiputado Sigifredo López en Colombia, sindicado de
haber organizado su propio secuestro en complicidad con las FARC y de haber
ofrecido su participación en el asesinato de sus colegas, es la más fiel
muestra de la irresponsabilidad e indolencia de algunos operadores judiciales,
que en últimas tendrán que responder por sus actos y confesar a la opinión
pública, a qué intereses ocultos estaban sirviendo mediante sus providencias,
al someter contra toda evidencia, a la pérdida de libertad al investigado.
Porque resulta un pésimo precedente para la justicia colombiana y
latinoamericana que, en un principio de la investigación, al quedar sin ningún
valor probatorio los indicios que militaban en su contra -haber servido de guía
a los guerrilleros el día de sus secuestro-, gracias al estudio pericial
adelantado por el FBI, el Fiscal de la investigación persistiera en su actitud
prevaricadora y alentara la recepción, para este caso particular, de testigos
que permitieron que López continuara privado de la libertad, gracias a lo que
se ha llamado una punible "fábrica de testigos falsos”.
Por eso resulta de urgencia inmediata que la figura de la
detención preventiva sea revaluada y se diseñen instrumentos que hagan más difícil
su aplicación. Que la expresión popular de que "un auto de detención no se
le niega a nadie", comience a ser simplemente historia, porque en últimas
atenta contra el principal derecho fundamental del ser humano, como es el de su
libertad, y a violentar seriamente el postulado universal de la presunción de inocencia,
consagrado en las democracias liberales.
En éste orden de ideas, resulta muy estimulante saber que existen iniciativas
como "Proyecto Inocencia”, en Colombia que ha sido pionera, pero con
agencias en algunos países latinoamericanos, que si bien atiende a casos en los
que existe condena por errores judiciales, es un serio intento por remediar las
fallas en las que incurren los jueces, enviando personas inocentes a las
cárceles, o como dicen algunos al "corredor de la muerte".
´Justicia tardía, pero justicia al fin y al cabo, que algunos
operadores judiciales maltratan, arrastrando con sus decisiones, honras,
hogares, patrimonios morales hacia un abismo sin fondo. Daños irreparables. Fantasma
con el que cualquier ciudadano del común puede toparse en algún momento a la vuelta
de la esquina... o en cualquier despacho judicial.
* Analista Internacional, colombiano.
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