El procurador general de la Nación,
Alejandro Ordóñez Maldonado, al ser consultado sobre las declaraciones de la
exsenadora Piedad Córdoba, en las que presuntamente motiva a los indígenas del
Cauca para oponerse a la instalación de las bases militares, aseguró que se
trata de una “noticia criminal”: “Allí hay una instigación al delito, una
instigación a la asonada, al parecer concierto para delinquir y toda una serie
de conductas que pueden ser objeto de investigación y de la sanción condigna en
el momento que existan los elementos probatorios”, señaló.
Insistió en que las autoridades penales
deben asumir inmediatamente su análisis; explicó que su despacho carece de
competencias por cuanto la exsenadora ya no es servidora pública, e indicó que
una cosa es la protesta social y otra las actividades delictivas y criminales
que deben ser judicializadas independientemente de quién esté incurso: “En
Colombia nadie tiene un fuero especial para delinquir y que esos actos sean
indemnes de la acción del Estado”.
Principio de oportunidad
Al ser consultada su opinión sobre la
propuesta del fiscal general de la Nación de otorgar el principio de
oportunidad a los indígenas que participaron en los enfrentamientos con la
Fuerza Pública en el Cauca, el procurador Ordóñez Maldonado insistió en que las
conductas delictivas deben ser objeto de investigación: “El Estado no
puede ni debe negociar el ejercicio de sus competencias”. Aseguró que
el criterio del Fiscal es respetable pero aclaró que no coincide exactamente
con el mismo, al tiempo que indicó que los marcos constitucionales y legales
referidos a los pueblos indígenas son de carácter cultural y no de carácter
político: “No podemos parcelar el Estado, no podemos parcelar nuestra
soberanía”, puntualizó el alto funcionario.
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