JOSE LOPEZ HURTADO*
La Constitución Nacional de Colombia de 1991, fue un afortunado
avance tanto en lo político, como en lo jurídico, pues además de representar la
conciliación de las más disímiles opiniones, aún de aquellas contrarias a la
existencia institucional de Estado, incluyó nuevos derechos y garantías civiles,
acordes con el mismo cambio impuesto desde naciones más avanzadas, sobre todo
en lo relacionado con las garantías ciudadanas.
Pero más que todo, significaba dejar atrás estructuras de una
nación anquilosada en los mandamientos de la iglesia católica , y por tanto
confesional y profundamente conservadora, implementada desde la Carta Política
de 1886, como con sutiles diferencias ha ocurrido en la mayor parte de los países
de América Latina.
La Carta de 1991, actualmente vigente, en lo político diseñó a
Colombia como un "Estado social de Derecho", y en lo jurídico
implementó figuras de una importancia extraordinaria, con inspiración
absolutamente liberal y ecuménica, que acercaron al pueblo de verdad, mediante
una democracia participativa, a su más íntima organización. Por eso es que su
filosofía de pluralidad política, religiosa, la misma étnica, - de tanta
actualidad -, lingüística, cultural etc., la entronizan como un paradigma de
referencia en el reconocimiento internacional, cuando de nuevos derechos
individuales y colectivos se trata. Las acciones de tutela, de cumplimiento y
las mismas acciones populares para la protección de las garantías relacionadas
con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, han sido
efectivas correas de comunicación entre el ciudadano, sus organizaciones, y las
mismas entrañas del Estado en sus estructuras judiciales y operativas.
Esta Constitución es el intento más afortunado hacia la excelencia
para el funcionamiento de la sociedad política colombiana, sin duda alguna. En
desarrollo, claro está, después de 21 años de vigencia, y aún incluso, a pesar
de las modificaciones que se le han hecho, y a las que se acude, cada vez que
sectores poderosos de la economía o de la política, la desean ajustar a sus
intereses de coyuntura. Como fuere, se insiste, ésta norma de normas es lo más
cercano a lo ideal que quisiera una sociedad moderna.
En el inmediato pasado fue objeto de una reforma que partió en dos
la historia de Colombia en el siglo XXI: la reelección presidencial por un periodo,
lo que de alguna manera demostró la fragilidad de su estructura, como ocurre en
muchos países del mundo. Tan frágil que se intentó ampliarla por segunda oportunidad,
lo que la máxima corporación de control constitucional, no permitió.
Ahora, con el endeble argumento de abocar la frustrada reforma de
la justicia, que constituyó una vergüenza internacional por la vía del Congreso,
algunos sectores "viudos del poder", han planteado una nueva reforma constitucional,
mediante el mecanismo de una Asamblea Nacional Constituyente, que como se ha
expresado por juiciosos estudios de expertos constitucionales y por la misma
jurisprudencia nacional y extranjera, no tiene límites de materia, o lo que es
lo mismo, es un "cheque en blanco", con consecuencias imprevistas.
La Constitución Política de Colombia de 1991, que redujo de alguna
manera la violencia política del país y modernizó al Estado, con su espíritu
liberal, está en grave riesgo, por los "retoques" que la ultraderecha
colombiana está empeñada en hacerle.
*Analista Internacional,
colombiano.
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