CARLOS E. CAÑAR SARRIA
El paro de los trabajadores de la Rama Judicial en el momento de escribir estas líneas completó dos semanas. Preocupante su prolongación porque muchos casos no resueltos oportunamente podrían contribuir en la impunidad. Es cierto que constitucionalmente es un deber del Estado prestar el servicio público de la justicia a todos sus asociados. Que cuando se niega un servicio público, los paros suelen ser considerados ilegales.
Una democracia moderna debe edificarse en unas condiciones de equidad y justicia. Las prebendas y los privilegios, en este caso, en la rama judicial, no solo generan malestar, sino también que demuestran cómo se tienen desentendidas las prioridades en este país. Una situación que debió resolverse desde hace dos décadas, no ha recibido la debida atención por parte del Estado. La Ley 4 de 1992 establece la nivelación salarial de los funcionarios judiciales. A pesar de la vigencia de la Ley, los gobernantes de turno se han hecho los de la vista gorda. El presidente Santos tiene hoy, el gran reto, la gran oportunidad y responsabilidad de resolver este lío. En la solución de este problema puede estar en juego su capital político. No son justamente proporcionales los altos sueldos de los magistrados de las altas cortes y de los magistrados auxiliares, por ejemplo; con los que devengan jueces municipales, escribientes, secretarios, etc. Mientras unos engrosan sus bolsillos incluyendo los carruseles de pensiones, muchos tienen que tirar aguante, hasta que San Juan agache el dedo en su lucha por el reconocimiento.
El diario El tiempo, la semana pasada informó que en 2007 se hizo un incremento de un 36% a los sueldos de magistrados de altas cortes, de tribunales seccionales y abogados asesores de esas corporaciones, lo cual no solo es inequitativo, desproporcionalmente desigual sino también antidemocrático. Para unos los melones y para otros los limones. Unos en la cama y otros en el suelo.
En un Estado Social de Derecho las leyes están hechas para ser cumplidas, independientemente de que sus contenidos gusten o no a todas las personas. Es legítima la reclamación de hacer efectiva la ley encargada de la nivelación salarial de los empleados de la Justicia. Independientemente del hecho de que la Justicia sea buena o mala, la ley tiene que cumplirse y no puede ser pretexto, no acceder a los justos requerimientos de los trabajadores, el argumento de que muchos jueces y funcionarios judiciales no están debidamente preparados y contribuyen en la prestación de un servicio público ineficiente e inoportuno.
Consideramos que es un deber de jueces y demás funcionarios judiciales, estudiar y actualizarse permanente para poder actuar con prontitud y acierto en una sociedad cada vez más cambiante y conflictiva. Pero esto se hace difícil, si no cuentan con una remuneración justa y equitativa que les permita seguir preparándose intelectualmente.
Si es necesario hablar de la necesidad de democratizar este país, es conveniente empezar por nivelar los salarios de los empleados y funcionarios de esta importante rama del poder público.
No hay comentarios:
Publicar un comentario