JOSE LÓPEZ HURTADO*
El Concejo Municipal de Támesis,
Antioquia, en el noroccidente colombiano, en una actitud que enaltece a sus
miembros, acaba de promulgar un Acuerdo mediante el cual (pretende): ..."Institucionalizar
y promover la defensa constitucional del medio ambiente", disponiendo,
además, la revisión de los actos administrativos de todas las entidades, incluidas
las del orden nacional, que hayan otorgado permisos ambientales o licencias de
concesión minera para exploración o explotación de recursos naturales en su
territorio.
La disposición, al declarar la
municipalidad Zona de Protección Especial y de prohibir cualquier clase de
explotación y exploración, se apoya en la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría
General de la Nación, como órganos de auditoria e inspección.
El pronunciamiento del cuerpo
colegiado se produjo días antes de que Sandra Morelli, la valiente Contralora
General de la República de Colombia, denunciara las graves anomalías en las que
han incurrido la multinacional anglo-australiana BHP Billinton, propietaria de
Cerro Matoso, la que ha tenido por espacio de 30 años la titularidad de la
concesión, según los especialistas, una de las mas grandes minas de explotación
de níquel a cielo abierto en América Latina.
En vísperas de expirar el plazo
concedido a la multinacional para la explotación, Morelli ha señalado que la
empresa adquirió en principio unos permisos ambientales apoyada en una ley que fue
declarada posteriormente inconstitucional, por lo que no es viable una prórroga
del contrato en esas mismas condiciones jurídicas. Además de señalar que Cerro
Matoso, ha incumplido permanentemente en materia ambiental y en las
prevenciones de salud pública, ya que su despacho ha verificado la
contaminación de fuentes de agua con residuos cancerígenos, colocando en grave
riesgo a las poblaciones cercanas al complejo. Sin mencionar, lo menos
importante en nuestra opinión, el hecho, según la denuncia de la funcionaria,
de que Cerro Matoso, ha dejado de girar por concepto de regalías una suma
superior a 62.000 millones de pesos, y a la existencia de paraísos fiscales en
donde se encuentran gran parte de los recursos. Ese sería el mal de los
menores, si se compara con la expoliación criminal del medio ambiente y la
salud de las personas.
Es así que ante lo inevitable,
dicen los expertos, ése contrato no puede ser prorrogado, sino que, por lo
contrario, sus términos deben ser re-negociados o, como lo exigen al gobierno
organizaciones de ciudadanos vecinos del lugar, se disponga la apertura de
convocatorias públicas para que otras empresas accedan a la concesión. O en el
último de los casos, que la Nación asuma directamente el manejo de la empresa,
con la adopción amplia de una agenda social que reivindique en algo los
destrozos causados al entorno y a las poblaciones circunvecinas.
Se espera que la vigilancia
permanente de la Contraloría General de la República sea, como lo está
haciendo, un muro de contención a la arrogancia criminal de algunas
multinacionales que ya han puesto sus ojos sobre los santuarios de Santurbán, fuente
hídrica, forestal y de biodiversidad, sobre el mismo proyecto de El Quimbo, y
sobre la propia riqueza biológica y natural del Macizo Colombiano, amenazada
por cerca de 1.380 solicitudes para explotación minera por parte de AngloGold
Ashanti, Continental Gold, Carboandes, entre otras. Pero que también esa
actitud sea asumida, finalmente, por otras entidades de control ambiental, las
que sinceramente están en deuda con el medio ambiente, por lo tanto con el
inmediato futuro del planeta, y con nuestra propia supervivencia.
* Analista Internacional,
colombiano.
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