JOSE LÓPEZ HURTADO*
Nadie puede negar que el Estado
colombiano en el pasado probablemente haya dado tratamiento de ciudadanos de
tercera a los indígenas, y haya olvidado la profusa normatividad constitucional,
legal, jurisprudencial, y las propias disposiciones internacionales que los ampara.
O no ha procedido con la
suficiente celeridad para dar contenido real a las normas de la Carta Política
de 1991, en lo relacionado con el respeto a la diversidad étnica y cultural,
los derechos políticos, así como a la tutela de los usos y costumbres de sus
comunidades.
Es probable que los 302
resguardos indígenas existentes, que abarcan más de 26 de millones de hectáreas,
y en los que viven más de 400.000 indígenas, paeces, yanaconas, coconucos y guambianos,
o que las 19 reservas indígenas que favorecen a más de 1500 familias, tengan
serios reparos sobre la gestión estatal, y que particularmente en el Cauca, la
población indígena más alta del país, nunca el gobierno haya oído sus
requerimientos. O que, como lo sostienen en su “Declaración del 20 de julio”
presentada al Presidente Santos, hace algunos días, nunca se les haya
reconocido la “autonomía territorial, gobiernos propios y comunitarios”, que
atenta con el consagrado principio de “la libre determinación de los pueblos
indígenas”, consagrado en resoluciones de la ONU y por el Convenio 169 de la OIT,
entre otros.
Puede ser muy cierto también que
sean víctimas del modelo de colonización minero-energética, de la expansión de
los agrocombustibles y de la expropiación de sus territorios, impulsado por las
multinacionales.
Es factible igualmente que el
Estado colombiano jamás les haya dado garantías plenas, el debido
reconocimiento y respeto por la función de la Guardia Indígena como garante de
la tranquilidad y seguridad de los indígenas de Toribío y de sus bienes, como
actores de paz y que,- esto lo compartimos -, “la seguridad democrática, que
dicen que fue muy exitosa, sólo sirvió para que las FARC ya no tuvieran 3
grandes campamentos, sino 50 más pequeños”. Que unidades de la Fuerza Pública,
en el reciente pasado, deshonraron su función como garantes de la seguridad nacional,
en el escabroso episodio de los “falsos positivos”, es cierto, sin duda alguna.
Maníacas conductas de algunos desquiciados que asesinaron a inocentes para
cambiarlos por dinero y por medallas, igual que los episodios aislados de
violaciones sexuales a menores indígenas y población civil.
Pero lo que sí es absolutamente
inaceptable es que en aras de una mala entendida autonomía de los pueblos
indígenas, se pretenda por parte de sus autoridades, el desmantelamiento de las
actividades militares en sus territorios, como lo exige el documento referido,
en una errada interpretación del Art. 30 de la Declaración de la ONU sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas, que justifica, que autoriza, si se quiere,
dicha intervención, (cuando) “lo justifique una razón de interés público
pertinente...”.
Qué razón de más alta entidad que
la actividad terrorista dentro de sus territorios, se preguntaría el más
desprevenido observador. Como inaceptable y absolutamente indignante la
humillación de que fueron víctimas las tropas colombianas por la guardia
indígena de Toribío, al sur de Colombia, al ser sacados de su territorio, el
que estaban protegiendo del aparato criminal de la guerrilla. Atropellada su
dignidad por la impotencia que la ley les obligaba mantener. Lágrimas de hombres.
Lágrimas de honor. Así lo vimos los colombianos, así lo vio el mundo entero.
* Analista Internacional, colombiano.
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