jueves, 11 de octubre de 2012

El poder de la Información


Por: Luis Barrera
Editor Proclama del Cauca

Un amigo residente en España me escribió sorprendido sobre la particular forma de haber informado a la opinión pública el alcalde de Puerto Tejada a través de su cuenta de Facebook sobre algunas gestiones adelantadas, aduciéndome que esa labor la podría hacer mejor permanentemente una oficina de comunicaciones o su similar.

Le contesté que esa era la nueva estrategia que pueden utilizar los gobernantes y dirigentes para mantenerse comunicados y ofrecerle información inmediata y concisa, a sus gobernados y seguidores y que por lo tanto no se extrañara, pues ahora suele hacerse en todo el mundo.

La información es poder, y mientras más gente la posea, mayor será la distribución del poder. El acceso a la información por parte del pueblo es fundamental para el sistema de integridad de un pueblo, de una comunidad o municipio e incluso todo un país. Sin el acceso a la información, las estructuras democráticas no pueden operar como deberían, y los individuos no pueden hacer valer sus derechos: quizás ni siquiera sepan que sus derechos han sido violados.

Sin embargo, está demostrado y en especial en nuestro medio, que el principal vehículo para difundir la información entre el público son los medios de comunicación independientes y libres. Sin la información no hay rendición de cuentas y los ciudadanos no se enteran de las gestiones y acciones que emprenden sus gobernantes.

Por ello siempre hemos sido unos defensores de la libertad de los medios que conforme a la sociedad desarrollan prácticas cada vez más abiertas y transparentes, hay cada vez mayor disponibilidad de la información en el dominio público. Sin embargo, la avalancha de información hace que sea casi imposible que aun el ciudadano más consciente e inquieto por las cosas de su ciudad o comunidad esté al tanto de todo lo que sucede.

Por ejemplo, aunque los procesos de la legislatura o del Congreso de la República, de las autoridades locales y públicas, de las cortes y de las empresas privadas estén abiertos al público, ningún ciudadano individual podría tener la esperanza de conocerlos todos.

Lo más que se puede esperar es que haya medios de comunicación diligentes y profesionales, abocados día a día a pasar por el tamiz esta masa de información, que seleccionen sabiamente y con al menos cierto grado de consideración por el interés público aquellos temas precisos que nos deben interesar, y que nos transmitan esta información de manera justa y responsable.

Por supuesto, siempre existirá el conflicto de intereses inevitable entre la función social de los medios, que consiste en informar al público, y su deseo de atraer un mayor número de lectores, de tener suficiente publicidad y de contar con un margen razonable de ganancias, como es apenas obvio cuando se vive del y para el periodismo, como es el caso de algunas empresas regionales.

Lo ideal tanto los medios de comunicación libres como un poder judicial independiente son pilares gemelos que no deberían rendirles cuentas a los políticos. Pero la realidad es que ambos sirven como fuerzas poderosas en el control y manejo en la vida pública.

Los medios deben y pueden estar libres de la tutela política que está tan arraigada aun en las sociedades más democráticas. Pero en las regiones como el Cauca existen mandatarios y dirigentes amigos y otros poco menos amigos, que merecen que sus actividades al frente de los destinos de sus pueblos deban ser contados a la opinión pública o que sus labores legislativas sean avaladas y conocidas por todos.

Hoy, el poder en Colombia significa control de los medios de comunicación. La expresión tradicional se refiere a la "libertad de prensa". Sin embargo, dada la importancia cada vez mayor de los medios electrónicos y con números mayores de personas en todo el mundo que dependen del radio y de la televisión para obtener noticias, hoy en día se utiliza generalmente el término más amplio de “libertad de los medios".

Por eso es por lo menos admirable el esfuerzo, la labor titánica y de sacrificio que por amor a este oficio hacen tantos medios de la región, que sobreviven casi por obra y gracia del “Espíritu Santo” en medio de angustias y penumbras que solo se recompensan con las ansias pendientes de lectores que siempre están pendiente de la próxima edición o la salida al aire del programa tratándose de una propuesta radial.

El crecimiento del Internet significa que se ha democratizado, hasta cierto punto, la capacidad de transmitir noticias. Esto a su vez puede traer otros problemas, pero al menos significa que la comunicación global ya no es el campo exclusivo de unos cuantos intereses poderosos.

La concentración de la información, por ejemplo, que hacen los canales privados de televisión e incluso las mismas cadenas radiales con un marcado control privado de los medios implica otro peligro: la creación de un conglomerado de medios masivos, la concentración de la propiedad de los medios en muy pocas manos. Este fenómeno puede constituir una amenaza a la democracia misma, cuando los dirigentes y partidos políticos principales son casi rehenes de los propietarios de los medios, quienes ejercen un poder enorme al manipular la opinión del electorado si así lo desean.

Por eso es bueno y me gustó como la aptitud visionaria y de arrojo financiero en el Cauca del empresario Felipe Muñoz, haya logrado adquirir Radio Súper en Popayán lo que permitirá muy seguramente desde esta región al periodismo regional, dar un paso para asegurar que siempre circule competencia en el mercado de los medios.

Sin embargo, el grado de independencia de los medios también representa el grado en el que pueden cumplir con una función de vigilancia pública de la conducta de los funcionarios públicos. Así como el Legislativo y las corporaciones de elección popular como las asambleas departamentales y concejos municipales en su misión del control político, deben vigilar escrupulosamente al Ejecutivo, los medios también deben monitorear cuidadosamente tanto al Legislativo como al Ejecutivo, junto con todos aquellos cuyos cargos se relacionan con el dominio público en las distintas instancias gubernamentales.

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