Por: Santiago Zambrano Simmonds
El Estado Colombiano buscando la
mal llamada confianza inversionista,
ha ido vendiendo a favor de los privados los recursos naturales, las empresas públicas,
desmantelando el aparato productivo del país y persiguiendo los logros sociales
de la clase trabajadora.
El marco teórico para implementar
dicha política fue basado en teorías internacionales que nunca fueron atemperadas
a la realidad de los colombianos y que a propósito, son teorías que
posteriormente fueron rectificadas por algunos de sus promotores llámese
Stiglitz o Fukuyama
Siguiendo esa moda mundial
hicimos por ejemplo una apertura económica sin pedir nada a cambio, modificamos
el código de minas en detrimento de la pequeña minería y en beneficio de la
gran minería que paga irrisorias regalías, firmamos un tratado de libre
comercio sin proteger el sector agropecuario, desmantelamos los distritos de
carreteras acabando con la apertura y mantenimiento de las vías terciarias,
pero lo más grave es que hemos permitido que se debiliten movimientos sociales
que buscan proteger a la clase trabajadora, de la cual, casi toda la población
hace parte.
Para darle legitimidad a esto
último, el Estado argumentó, a veces con razón, que las cargas laborales hacían
que las empresas fueran inviables especialmente en aquellas donde las
conquistas eran exageradas, pero los congresistas y magistrados se olvidaron de
verse en un espejo y no se percataron que los mayores beneficiarios de los altos
factores prestacionales eran ellos mismos.
Para darle validez política a
este cometido el gobierno utilizó a los esquiroles para que en vez de
denunciar, alabaran la tercerización que se estaba llevando a cabo, primero mediante
las Cooperativas de Trabajo Asociado, donde el trabajador no recibe un sueldo,
sino una compensación y posteriormente mediante la implementación de los
contratos sindicales.
Este tipo de contratos lo que
hace es que las empresas en vez de tratar con cada uno de los seres humanos que
la componen, traten con el Representante del sindicato que automáticamente se
convierte en un semi-dios de la clase trabajadora, pues él a su voluntad elige
el tiempo y modo de la contratación, sin estabilidad y siempre bajo la amenaza
de la no renovación.
Estas nuevas elites en muchos
casos no dan cuentas sino a su círculo de directivas, no dan informes
financieros para sus vinculados y obligan al trabajador que para optar al
contrato deben vincularse al sindicato.
Colombia como siempre utilizó al
departamento del Cauca como su laboratorio social para la implementación de esos
adefesios laborales generando gran descontento en la población, por eso por
ejemplo, hoy en el hospital San José contratan auxiliares de enfermería por un
tiempo menor que al del mismo contrato sindical quebrándole la voluntad al
trabajador; en otros hospitales del Cauca a los médicos les pagan cuando y como
les provoque; por eso también a algunos de los trabajadores de la Uten no se
les reconocen sus extensas jornadas laborales que han tenido como efecto una
alta tasa de accidentalidad.
Pero mientras todo esto ocurre,
está la otra cara de la moneda, la de los esquiroles que ahora se codean con
los dueños de las empresas, gerentes y gobernantes mientras que sus asociados
esperan pacientemente que les hagan cuentas de sus dineros como por ejemplo de
los 23.000 millones de utilidad que ha tenido la Uten, valor que se infiere de
un estimativo hecho por el gerente de Cedelca en una Junta Directiva.
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