“La visita del presidente Santos fue para nosotros un balance negativo, porque el esfuerzo que hicimos no se plasmó en los resultados que de allí salieron”: Feliciano Valencia, desde Toribío, Cauca

Por Alfonso J. Luna Geller

Fotos: David Luna

Tras varios días de ataques de las FARC y de bombardeos del Ejército, el presidente Santos decidió celebrar un consejo de ministros en Toribío que se tornó caótico, ya que los indígenas recibieron al presidente con abucheos y le exigieron que retirara a los militares y policías de la zona. Más tarde, los nativos se dirigieron a los retenes que las FARC habían levantado alrededor del pueblo para solicitarles también su retirada.

Los hechos de violencia en el Cauca no son un fenómeno nuevo y mucho menos aislado, años atrás la región se convirtió en trinchera de organizaciones guerrilleras, paramilitares, bandas emergentes y carteles de drogas que se dividen en cada uno de los eslabones del negocio del narcotráfico, que encuentra en el departamento una de las principales rutas de salida. Con este panorama y el reforzamiento de la presencia de la Fuerza Pública en la región, los indígenas Nasa han sido las principales víctimas del fuego cruzado. De ahí su actitud beligerante contra los actores irregulares y la Fuerza Pública lo que llevó a las autoridades indígenas a pronunciarse el pasado miércoles 11 de julio, en el parque central den Toribio, anunciando que si el Gobierno no se iba a reunir con ellos, seguirían con las acciones de control territorial: “Vamos a dirigirnos a tres puntos estratégicos de la población en donde se encuentran militares y guerrilleros de las Farc para sacarlos del territorio”, dijo Feliciano Valencia, uno de los líderes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

Ante esta situación, Valencia, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, solicitó que Baltazar Garzón actúe de interlocutor con el Gobierno para abrir un diálogo. La petición responde a que el exjuez de la Audiencia Nacional española ha colaborado desde hace años en la defensa de los derechos de las comunidades aborígenes del Cauca, que se han declarado neutrales frente al conflicto armado que vive Colombia desde hace casi 50 años. Justo hace un año los indígenas hicieron un homenaje a Garzón, que estuvo presente y dejó claro que estaba en ese lugar como "amigo" de los indígenas colombianos. El siguiente fue el diálogo con Feliciano Valencia:

A.L. ¿Cuál fue la conclusión de la visita del presidente y del consejo de ministros que hubo ayer en Toribío?

La conclusión que nosotros sacamos después de marcharse el señor Presidente de la República fue una sensación agridulce que quedó en el ambiente. Primero, porque la visita no fue coordinada con las autoridades indígenas y las comunidades de Toribío. Segundo, no creíamos que el consejo de ministros iba a sesionar a puerta cerrada. Creíamos que se iba a hacer en plaza pública para que la gente escuchara e hiciera sus planteamientos. Tercero pensábamos que se iban a abordar las propuestas que nosotros teníamos como movimiento indígena y no tanto las políticas que pretende desarrollar el Gobierno nacional. Por lo tanto, fue para nosotros un balance negativo, porque el esfuerzo que hicimos no se plasmó en los resultados que de allí salieron. Por otro lado, ante la actitud de la gente, el presidente y sus ministros improvisaron una participación de la gente. Dijeron: “entren 10 indígenas y conversamos el tema”. Eso acabó de exacerbar los ánimos de la gente, porque nosotros dijimos o hablan con todos o no hablan con nadie. Lo que hicimos fue escribir la posición, las exigencias y las propuestas y hacérselas llegar al señor presidente en su sesión y a todos los ministros. Mientras tanto, como no nos iban a escuchar, la gente tomó la decisión de hacer los ejercicios de control territorial. Unos salieron hacia donde estaba la base militar del ejército, otros salimos para donde estaban los campamentos y trincheras de la guerrilla de las FARC a seguir insistiendo en que se tienen que retirar del territorio.

Finalmente, ya en horas de la tarde cuando el presidente se iba a marchar, nos mandó a llamar para compartirnos lo siguiente: primero, que el tema de la desmilitarización era muy difícil para él y que eso no era posible. Nosotros le dijimos que lo entendíamos pero que también entendiera la posición de no estar de acuerdo con las estrategias de militarización. Después nos propusimos la necesidad de conversar este tema con más tiempo en un sitio adecuado en donde existieran garantías plenas para nosotros debatir de manera abierta con la gente. Él dijo que no había problema, que a él también le urgía hablar con los indígenas no para escucharlos 10 o 15 minutos, sino para escuchar todos los planteamientos. Ahí nos identificamos con él. Y para tal fin nos designó al juez Baltazar Garzón para que hiciéramos los procesos de interlocución, de preparación y organización entre gobierno y movimiento indígena. Ese es el balance. Podríamos decir, que lo salvamos en esos 5 minutos que logramos hablar con el Presidente de la República de manera directa, porque nosotros sí estamos convencidos de que con ministros o funcionarios por más altos que sean, las comunicaciones son infructuosas porque ellos no tienen capacidad de decidir. Entonces, ahí queda planteado el tema. Esperamos ya hacer contactos con el juez Baltazar Garzón para poner una fecha, sitio y para establecer una agenda de interlocución con el gobierno.

A.L. ¿Cuáles fueron los puntos principales que ustedes le presentaron al presidente?

Hay asuntos estructurales para el movimiento indígena: el uso, la tenencia y el aspecto legal de las tierras y territorios. Quedó planteado en lo que el gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, y el presidente Santos ayer anunciaron: el fortalecimiento del “Plan Cauca”: el Incoder ha establecido una política de titulación de tierras no concertada con indígenas, comunidades negras ni campesinas, promoviendo un conflicto en la región. Lo que nosotros decimos es ¿por qué no nos sentamos los tres sectores y definimos una política de adquisición de predios y titulación de territorios colectivos?. De lo contrario, eso lo que va a generar es un problema de carácter interno, lo mismo va a pasar con el tema de las reservas campesinas. El señor presidente de la República debe establecer unas rutas y unas políticas concretas, concertadas entre todos los sectores para no terminar confrontándonos sino definiendo una convivencia territorial. Este debe ser un proceso interétnico, es la única opción, dadas las situaciones que se están presentando, para que no sigan cometiendo errores que nos han costado enfrentamientos y a veces hasta muertos.

Segundo: otro tema estructural es el reconocimiento pleno y las garantías para que el gobierno indígena se desarrolle como está estipulado en la Constitución Política de Colombia. Por ejemplo, nosotros avanzamos en la consolidación de un sistema educativo propio, un sistema ambiental propio, un modelo económico-productivo propio, que a veces riñe con otras posturas y con la misma postura del Gobierno nacional. Nosotros no queremos monocultivos, no queremos que llegue la locomotora de la minería y arrase con lo que tenemos. No queremos que llegue la minería ilegal. No queremos que el narcotráfico siga destruyendo el tejido social en las comunidades. Producir cocaína o sembrar marihuana no es negocio para el indio, no es negocio para el campesino; es negocio para la guerrilla que saca los recursos para sostener su guerra, es negocio para los narcotraficantes, es negocio para los testaferros que lavan el dinero y hasta es negocio para el gobierno porque hay muchos funcionarios metidos en este asunto, pero no es negocio para nosotros.

Ayer le dijimos al presidente: “Sí queremos desarrollo”, pero no queremos desarrollo con tiros y bombardeos, un desarrollo armado en la región. Queremos un desarrollo que se enmarque en los planes de vida que venimos construyendo. No queremos proyecticos de 20 gallinas ponedoras; no queremos estanques piscícolas aislados, esos son proyectos coyunturales solamente, eso es pasajero. Lo que queremos es definir una política económica seria, real y sostenible en el tiempo.

El otro tema estructural que es donde se presenta la tensión en este momento es que la guardia indígena, que son nuestros cuidadores de tierra, sea reconocida como la institución propia de control territorial al interior de nuestras comunidades. Esto quiere decir que si el gobierno reconoce a la guardia indígena, debe garantizar su funcionamiento porque entraríamos a remplazar a la institución militar que en este momento está en el terreno, lo vamos a hacer de manera pacífica, porque lo que causan las armas son más tragedias. También incluimos en la propuesta que si el gobierno quiere ejercer veeduría sobre la acción de control territorial a cargo de la guardia indígena y las autoridades, lo puede hacer. Pueden nombrar una institución de veeduría que mire como estamos haciendo el control territorial para evitar sospechas, ya que el gobierno dice que no puede retirar la fuerza pública porque inmediatamente se retire la fuerza pública va a llegar la guerrilla. Por eso dijimos al presidente que nos permitiera ejercer el control territorial para demostrar que sin Policía y sin Ejército nosotros podemos controlar el territorio y no vamos a permitir que la guerrilla se quede en nuestros territorios, le damos nuestra palabra. Él escuchó los planteamientos y dijo que esto había que hablarlo, revisar la Constitución Política y mirar posibilidades. Esto nos abre un debate de discusión, habría que mirar la ley, los alcances, los procedimientos y los mecanismos.

Tercero, el otro tema estructural que estamos planteando es la creación de una institución gubernamental que en verdad actúe como interlocutor competente. El gobierno creó la dirección de etnias adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia, eso se burocratizó. Los que están al frente, por ejemplo, el doctor Pedro Santiago Posada, el señor Gabriel Muyuy, muy respetables sí, pero ellos no nos representan, ni les vamos a delegar vocería. Lo que le dijimos al presidente es que necesitamos interlocución directa de gobierno a gobierno. No queremos intermediarios porque eso demora mucho los procesos.

A.L. Hay desconfianzas mutuas: a Toribío lo están matando las Farc, como bien lo prueban 480 ataques guerrilleros contra el pueblo desde los 90, pero también, las comunidades han hablado de irrupciones militares en sus viviendas en busca de "los colaboradores" de la insurgencia. Ustedes han decido que no solo quieren lejos de sus tierras a los grupos armados ilegales, sino también a los legales. Que ustedes están en su casa y que quienes deben irse, por ajenos, son las Farc, el Ejército y la Policía. ¿Esta actitud no es igualar la ilegalidad armada con la institucionalidad de la fuerza pública y desconocer la aplicación de la Constitución Nacional en sus territorios?

Yo creo que cuando lleguemos a esa discusión hay que hacer varias claridades. Por ejemplo, en el plano político el movimiento indígena cuando plantea la construcción de un territorio autónomo y un gobierno propio, no está planteando un proyecto separatista ni independizarnos del Estado. No queremos eso. Lo que queremos es que se desarrolle lo que está establecido en la Constitución Política de Colombia. Por ejemplo, el artículo séptimo que dice que los pueblos indígenas podemos desarrollar nuestros pensamientos y nuestras propuestas políticas en el marco de los usos y costumbres. El artículo 246 nos da facultades para que gobernemos el territorio y ejerzamos justicia. El artículo 330 nos da facultades administrativas sobre asuntos económicos, ahí se afianza el ejercicio de las transferencias. Y los otros artículos tienen que ver con el proceso de implementación de políticas públicas y articulación con el Estado, luego entonces, nuestra idea no es separarnos ni crear repúblicas independientes, eso sería una locura. De todas formas, por más indios que seamos y por más derechos especiales que tengamos, somos colombianos y colombianas, eso está claro para nosotros. Cuando hablamos en términos de establecer la guardia indígena como institución de control territorial no se está diciendo de manera radical que la fuerza pública tiene que irse del territorio, no. Nosotros entendemos que la fuerza pública es la institución constitucional para velar y salvaguardar la soberanía y la seguridad de las comunidades. En lo que no estamos de acuerdo es con los procedimientos que la Policía y el Ejército vienen realizando en nuestros territorios y que resquebraja la visión y pensamiento de autonomía ancestral y espiritual del territorio de los pueblos indígenas. Nosotros cuando hablamos de “desmilitarización” estamos hablando de que no puede haber infraestructura militar dentro de nuestros territorios. Ni trincheras, ni bases militares, no pueden establecerse de manera indefinida. Estamos diciendo que la fuerza pública puede y debe llegar a nuestros territorios, puede patrullar buscando la guerrilla, no tenemos problema y no nos vamos a oponer. Lo que no queremos es que la infraestructura militar o de policía sea un factor de riesgo permanente. Nosotros hemos escuchado los argumentos del gobierno y de los generales, que dicen: nosotros nos tomamos los cerros porque son sitios claves para nosotros controlar la ruta de la guerrilla de las FARC para pasar armamento, para pasar la droga con que alimentan su guerra. Eso no es problema, es su obligación, pero también, nosotros podemos hacer el ejercicio de control territorial; ahí es donde está la discusión, ya que constitucionalmente está planteado que el Estado colombiano debe hacer presencia en todo el territorio nacional, pero no está definido expresamente que infraestructura militar esté asentada de modo permanente en medio de las comunidades, que es lo que ha causado la destrucción de escuelas y viviendas y muchas muertes de civiles ajenos a la confrontación armada.

A.L. Pero existe una circunstancia adicional: es evidente que el Estado considera a algunos dirigentes y comuneros indígenas como auxiliadores, como patrocinadores de las FARC; además, parece que la visión de otras comunidades, especialmente urbanas, es que sí existen relaciones con terroristas, por fuerza de circunstancias geográficas, convivencia y por qué negarlo, el abandono del Gobierno…

Si claro. Nosotros no vamos a desconocer eso, pero aquí también hay que aclarar varios asuntos. Para el colombiano del común, hacer este tipo de juicios generalizados es injusto con nosotros. Después de la consolidación de la república en Colombia hemos sido víctimas de todo tipo de invasión territorial, hasta ideológica, hasta política, hasta militar y hasta económica. Entonces, nos invadieron ideológicamente los partidos políticos tradicionales, después los otros partidos, los pensamientos religiosos, las tendencias económicas, etc. Tenemos evangélicos, gente del partido liberal, conservadores, mejor dicho, cantidad de ideologías en la cabeza del movimiento indígena que ha desdibujado un poco la identidad de los pueblos, lo cual hemos venimos recuperando de manera progresiva. Hacer este tipo de juicios es injusto porque cuando se vive en escenarios de guerra nos toca que bailar con la más fea: a todo mundo tenemos que contener. Que si hay milicianos de las FARC indígenas, claro que los hay. Que si hay base social de la guerrilla dentro de los territorios, claro que la hay. Porque vivir con la guerrilla 30 o 40 años es imposible que no haya gente que no simpatice con ellos, pero nos venimos sacudiendo poco a poco. Desde cuando el movimiento indígena en 1971 decidió apostarle a la construcción de su propio proyecto político venimos cabalgando en estas contradicciones. Esto no ha sido nada fácil para nosotros porque cuando decidimos hablar de autonomía y construcción de proyecto indígena no le gustó a las FARC, no le gustó al Ejército, no le gustó a los partidos políticos, no le gustó a otras tendencias e ideologías en el territorio y nos empezaron a agredir. Cuando nosotros les dijimos a las FARC que respetamos un proyecto pero no armado y que vamos a acudir a vías de hecho para recuperar la tierra, las FARC se sacudieron y nos mataron a muchos líderes. En la década de los 80, por ejemplo, cuando las FARC empezaron a perseguirnos porque nosotros decidimos hacer respetar nuestra autonomía y deslindar la lucha de la de ellos, nos tocó crear el movimiento Quintín Lame para protegernos de esa agresión armada. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que las armas no son solución y procedimos a desmontar el Quintín Lame. Como organización indígena rechazamos de plano el método armado.

A los simpatizantes que tiene la guerrilla en nuestros territorios les hemos dicho: miren, ustedes son indios, tienen sus gustos, tienen sus propios sueños, pero no les aceptamos la lucha armada. Qué le hemos dicho a los milicianos: vean indios, si ustedes definitivamente creen que la lucha es con las armas pónganse sus camuflados, cojan las armas y se van del territorio, porque acá no se van a quedar con armas, vestidos de civil y echando tiros en medio de la población civil. Y si no regresan a las comunidades haciendo un proceso de sanación espiritual, los desconocemos de los censos, los desconocemos del territorio y los desconocemos de nuestro proceso definitivamente, porque optaron por la vía de las armas.

A la guerrilla también le hemos planteado: si hacen su guerra, no nos metan en su cuento a nosotros, porque los vamos a rechazar por todos lados. Y devuélvanos a los niños y niñas que han reclutado, porque si no nos los devuelven (y ya les pusimos un plazo) vamos por ellos, así tengamos que llegar a los páramos, a las montañas como lo estamos haciendo. Así nos tengamos que ir para otros departamentos. Esa es ya una política definida porque estamos convencidos de que las armas no son la solución, no es el camino. Que si hay que hacer el debate político, así se lo mandamos a decir al comandante Timochenko en una carta, discutamos, para ver como solucionamos el problema de la guerra.

Entonces, el colombiano común y corriente que hace estos juicios, es porque no vive en carne propia estas circunstancias, desconoce que hemos sido víctimas de la cantidad de cosas absurdas que nos han llegado al territorio y de la pobreza que muchas veces nos ha arrinconado, por eso a mucha gente le ha tocado sembrar coca y marihuana, que tampoco es la solución. Esta no es una tarea fácil. Por eso muchos salen a decir los indios esconden la guerrilla, los indios esconden laboratorios, los indios siembran coca, los indios son pobres porque les da la gana, los indios son un problema en el Cauca porque frenan el desarrollo. A mí me parece que es iluso e injusto hacer ese tipo de señalamientos cuando no se vive en carne propia esta situación tan difícil.

A.L. Última pregunta, Feliciano, agradeciendo toda tu paciencia. ¿Sí hay unidad de criterio en las organizaciones indígenas caucanas con respecto a esto que tú has venido sustentando?

Hablar de unidad indígena homogénea sería muy pretencioso. Porque también debemos reconocer que por posturas políticas del movimiento indígena en el Cauca, hay un cierto fraccionamiento lo cual no quiere decir que sea una situación irreconciliable, y por eso ustedes ven que cuando el movimiento indígena decide hacer una movilización, así tengamos pensamientos un poco diferentes, nos unimos para un propósito común. Hay unos indios que dicen que la pelea es con indios para defender lo indio, y es respetable, ellos dicen que no nos juntemos tanto con los otros sectores porque terminamos sacrificando la agenda del movimiento indígena y es respetable, pero no vamos a chocar con ellos, somos muy prudentes. En el norte del Cauca somos más abiertos y más dados a juntarnos en los procesos, por ejemplo, con el sindicalismo, con movimientos estudiantiles, con movimientos sociales, con la academia, y con intelectuales de alto rango para profundizar sobre cómo mantener el movimiento indígena caucano. Si revisamos el conflicto armado en el Cauca, está más concentrado en el norte del Cauca: Corinto, Miranda, Caldono, Jambaló, Toribío, no ocurre lo mismo en otros cabildos y territorios indígenas de otras regiones. Cuando la gente no tiene esas angustias del conflicto armado es fácil hacer cuestionamientos, pero nosotros trabajamos de una manera unificada cuando nos ha tocado hacerlo. En este momento no podemos darnos el lujo de enconcharnos hacia dentro y resistir nosotros solos, no somos capaces. Por eso hemos hecho este ejercicio de alianzas estratégicas con otros sectores. Por eso hoy conversamos con reservas campesinas, con consejos comunitarios para unificarnos de una manera organizada. Vamos a conversar con el juez Baltazar Garzón para organizar el evento, ojalá y sea pronto y sea rápido para discutir nuestros asuntos.