DESARROLLO Y DESCENTRALIZACION

NELSON EDUARDO PAZ ANAYA

El Estado reconoce y alienta la descentralización en el ejercicio del poder, según el encabezado de la Constitución, como forma de permitir a las comunidades locales organizar la prestación de los servicios públicos, como función social.

Para ello tiene un régimen administrativo y “un conjunto de mecanismos y herramientas jurídicas a través de los cuales se concreta el servicio a la sociedad y la promoción de la prosperidad general, v.g., la delegación y la desconcentración.”

Se trata de precisar las necesidades y su solución, como lo ha reiterado la Corte Constitucional, condicionado a las capacidades económicas, estructurales y, desde luego, a los alcances de su ordenamiento territorial, dentro de los límites que a la autonomía, impone la concepción del Estado Unitario, en correspondencia con los factores objetivos, que indiquen su nivel de conveniencia.

En principio, todo parece concebido dentro de los sanos parámetros del Estado Social de Derecho establecidos en el texto de la Constitución de 1991; sin embargo, la realidad soportada por las entidades territoriales es otra.

Los parlamentarios, como representantes de los departamentos, no tienen la influencia y capacidad de intervenir en las decisiones de inversiones significativas, sin la intromisión condicionante de Hacienda y Planeación, todo en aras de supuestos argumentos normativos y de incógnitas eficiencias.

La presencia de los planes y programas de la nación, en los departamentos y municipios, están supeditados a los desplazamientos permanentes de gobernadores y alcaldes a la capital de la república, en un incesante peregrinar a los altares de la burocracia especializada de institutos y ministerios, en donde el centralismo actúa y define conforme a las prelaciones del Gobierno, las devoluciones y las conformidades.

El gobernador y los alcaldes del Cauca, llevan un semestre de desplazamientos a Bogotá, cientos de viajes, millones en viáticos y pasajes, ilusiones y frustraciones, comunidades que empiezan a desesperarse, a sentirse engañadas y oprimidas por la nueva frustración, en un departamento saturado de expectativas.

La Presidencia de la Republica, los partidos políticos, los movimientos sociales, deben encontrar cómo modificar este modelo, el laberinto funcionalista del Estado, girando en torno a la definición de la inversión pública, dificulta la actuación de los gobiernos locales y fastidia por la sensación de su direccionamiento a la toma de posiciones de política electoral.

En el Cauca, el discurso del sector político y del sector empresarial, se encuentran en el vértice de la productividad, por lo tanto, oportuno señalar al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente, la urgencia de revisar actuaciones de instancias nacionales, cuyas determinaciones o resultados, inciden en las dificultades del Cauca, en la pretensión de correcciones oportunas, como son las actuaciones en el sector eléctrico, en el minero, en el de salud y educación, en los asuntos de tierras y de territorios, así como un necesario fortalecimiento financiero a los gobiernos municipales, debilitados por fenómenos como la atención a víctimas de la violencia , del desplazamiento forzado y a la urgente recuperación de edificaciones y equipos de servicios públicos.