NELSON EDUARDO PAZ ANAYA
El Estado reconoce y alienta la descentralización en el ejercicio
del poder, según el encabezado de la Constitución, como forma de permitir a las
comunidades locales organizar la prestación de los servicios públicos, como
función social.
Para ello tiene un régimen administrativo y “un conjunto de
mecanismos y herramientas jurídicas a través de los cuales se concreta el
servicio a la sociedad y la promoción de la prosperidad general, v.g., la
delegación y la desconcentración.”
Se trata de precisar las necesidades y su solución, como lo ha
reiterado la Corte Constitucional, condicionado a las capacidades económicas,
estructurales y, desde luego, a los alcances de su ordenamiento territorial,
dentro de los límites que a la autonomía, impone la concepción del Estado
Unitario, en correspondencia con los factores objetivos, que indiquen su nivel
de conveniencia.
En principio, todo parece concebido dentro de los sanos parámetros
del Estado Social de Derecho establecidos en el texto de la Constitución de
1991; sin embargo, la realidad soportada por las entidades territoriales es
otra.
Los parlamentarios, como representantes de los departamentos, no
tienen la influencia y capacidad de intervenir en las decisiones de inversiones
significativas, sin la intromisión condicionante de Hacienda y Planeación, todo
en aras de supuestos argumentos normativos y de incógnitas eficiencias.
La presencia de los planes y programas de la nación, en los
departamentos y municipios, están supeditados a los desplazamientos permanentes
de gobernadores y alcaldes a la capital de la república, en un incesante
peregrinar a los altares de la burocracia especializada de institutos y
ministerios, en donde el centralismo actúa y define conforme a las prelaciones
del Gobierno, las devoluciones y las conformidades.
El gobernador y los alcaldes del Cauca, llevan un semestre de
desplazamientos a Bogotá, cientos de viajes, millones en viáticos y pasajes,
ilusiones y frustraciones, comunidades que empiezan a desesperarse, a sentirse
engañadas y oprimidas por la nueva frustración, en un departamento saturado de
expectativas.
La Presidencia de la Republica, los partidos políticos, los
movimientos sociales, deben encontrar cómo modificar este modelo, el laberinto funcionalista
del Estado, girando en torno a la definición de la inversión pública, dificulta
la actuación de los gobiernos locales y fastidia por la sensación de su
direccionamiento a la toma de posiciones de política electoral.
En el Cauca, el discurso del sector político y del sector
empresarial, se encuentran en el vértice de la productividad, por lo tanto,
oportuno señalar al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente, la
urgencia de revisar actuaciones de instancias nacionales, cuyas determinaciones
o resultados, inciden en las dificultades del Cauca, en la pretensión de
correcciones oportunas, como son las actuaciones en el sector eléctrico, en el
minero, en el de salud y educación, en los asuntos de tierras y de territorios,
así como un necesario fortalecimiento financiero a los gobiernos municipales,
debilitados por fenómenos como la atención a víctimas de la violencia , del
desplazamiento forzado y a la urgente recuperación de edificaciones y equipos
de servicios públicos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario