JORGE ELIECER ORTIZ FERNANDEZ
Casi que imposible dejar de abordar el tema de la consultas previas que por estos días ha sido puesto en conocimiento a la ciudadanía en general por los diferentes medios de comunicación, en razón, de que se convierte en la herramienta apropiada para que comunidades indígenas y de la etnia negra puedan participar de manera abierta y casi que decisoria frente a intervenciones que el gobierno nacional o empresas internacionales deseen desarrollar, obras de infraestructura, en territorios que ancestralmente o que por voluntad del Estado decidió entregarle a esta población que hace parte de nuestro país y que de ninguna manera podemos desconocer.
La discusión en materia de consultas previas, sobreviene en consideración a que en los últimos tiempos el gobierno nacional y el congreso han aprobado normas que han abierto la posibilidad de intervenir zonas habitadas tanto por población indígena tasada en 1.380.000 con títulos de propiedad de aproximadamente 34.000.000 de hectáreas y población negra estimada en 4.380.000 con títulos de propiedad de 5.200.000 hectáreas; agravado por el hecho de que no fueron tomados en cuenta a los directamente afectados pasando por alto la propia constitución del año 1991, convenio 169 de la OIT, LEY 70 DE 1993, LEY 99 DE 1993, DECRETO 1320 DE 1998, DECRETO 200 DE 2003, LEY 195 DE 1994.
En virtud de lo señalado, nace la otra arista del problema y es que en consideración a dar aplicación a las normas atenientes a las consultas previas, muchos proyectos del gobierno nacional están fracasando, para referir: CÓDIGO DE MINAS que vence el próximo mes de mayo el cual regla la minería en Colombia, de igual manera el ministro del ramo advierte sobre los recursos que está perdiendo la empresa que explota el carbón en la Guajira hasta tanto se pone de acuerdo con las comunidades indígenas de la Guajira y que decir de la construcción de la represa del Quimbo en el Huila; REFORMA A LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES cuya pretensión del gobierno es dar mayor autonomía a las CAR; LEY DE DESARROLLO RURAL que como lo ha manifestado el ministro Juan Camilo se está trabajando para hacer del campo más rentable.
En fin, como dice el viejo y conocido refrán “ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre”, para significar que tanto las comunidades convocadas a consultas previas como el gobierno nacional tendrán que recomponer el camino en esta materia, so pena de frenar la economía del país, es conveniente reglamentar el desarrollo de las consultas colocándolas en su justo tiempo para no dilatar decisiones, porque de otra parte uno podría considerar que como cada participante en este mecanismo de participación tiene un costo para el erario público de $110.000 diarios, pues lo recomendable es que en adelante no se cancele erogación alguna, creo, salvo mejor apreciación, que agilizaría los conceptos que deben emitir unos y otros para lograr despegar nuestra precaria economía colombiana.
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