Una acción institucional: “El alcalde que le tumbó una reja a una multinacional minera”

Guido Germán Hurtado Vera

Historiador y Politólogo

Miembro del Centro Interdisciplinario de la Región Pacifico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

El 16 de enero de 2013, en la sección Medio Ambiente, el diario El Espectador publicó una noticia que tituló “El alcalde que le tumbó una reja a una multinacional minera”. En ella se describe la acción de Víctor Armando Arias Celis, alcalde de California, Santander, quien haciendo uso de las facultades que le confiere la Constitución Nacional, le comunicó a la empresa Eco Oro Minerals Corp. que desmontaría la reja instalada por la compañía en una vía pública, impidiendo a los ciudadanos entrar a un área del páramo de Santurbán.

La noticia referida pudo haber pasado inadvertida para muchos lectores o provocado en otros una cierta satisfacción, porque considerarían que existe en Colombia una autoridad estatal que está haciendo algo por defender el espacio y patrimonio público. En lo personal, desencadenó algo más que satisfacción. Lo sucedido es una acción institucional, de esas que tanto necesitamos los colombianos de parte de los gobernantes, para preservar la democracia y el buen uso y el goce del medio ambiente.

El alcalde Arias Celis tiene bien leído y estudiado el artículo 311 de la Constitución Nacional, donde se señala que al municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde, entre otras funciones, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.

Un artículo constitucional bien escrito. El problema radica es que una gran mayoría de los alcaldes en Colombia no lo conoce. Para muchos de ellos el objetivo fundamental de sus administraciones es mejorar visiblemente sus vidas personales, la de sus contratistas y las de su séquito íntimo. Del mejoramiento social y cultural de los ciudadanos, que se ocupe la divina providencia.

Lo que Arias Celis explicó, según El Espectador, es que se está recuperando el espacio público, ya que la reja impedía la libre movilidad y el tránsito de los habitantes de su municipio y otros. Además, argumentó que la vía afectada hace parte del sistema de integración urbano-rural, por lo tanto no es un bien que se constituye como propiedad de Eco Oro Minerals Corp., sino, un bien que se considera de uso público y pertenece al patrimonio público, el cual es inalienable e imprescriptible, concluyendo que de ninguna forma el municipio atenta contra los derechos de propiedad privada de la multinacional.

Un Alcalde con intereses individuales o desconocedor de sus funciones podría haber pasado de soslayo esta situación, arguyendo que él no iría en contra de la locomotora minera del presidente Santos. Es decir, en contra del desarrollo económico de un país como Colombia que hoy tanto lo necesita para salir de la crisis en la que se halla sumida. Ese canto de sirenas que se promovió con fuerza hace ya 10 años, en el nefasto gobierno anterior y que hoy sigue teniendo eco en el actual. Arias Celis no lo pensó así. Éste particular gobernante colocó el bienestar general de sus gobernados por encima de los intereses particulares de una compañía minera.

Y aunque no se trate de una acción directa en contra de una multinacional para que deje de explotar el recurso minero allí localizado y sólo sea la recuperación de una vía que se considera como espacio y patrimonio público, esta acción institucional es la muestra que en Colombia se pueden dar “batallas” legales, desde el Estado y la sociedad civil en defensa de la democracia.

A más de que detrás de esta acción institucional está la defensa de un frágil ecosistema de páramo que alimenta de agua a muchos ciudadanos de los municipios de esta región del país de frente a los cambios normativos que han abierto camino para la intensificación de la explotación minera, declarada como una actividad de utilidad pública y de interés social. 

Este caso que protagoniza Arias Celis debería convertirse en un ejemplo para que muchos de los gobernantes en Colombia no lleguen a sus cargos a enriquecerse o enriquecer a otros, sino a “tumbar todas las rejas” que impiden que esta frágil democracia colombiana logre afianzarse.