Gloria Cepeda Vargas
La Venezuela actual se divide en
dos camarillas: los entusiastas seguidores del comandante-presidente y la oposición
fraccionada así: un grupo que navega desarbolado como un barco náufrago y otro
poseído por una indignación hija del desencanto y los rumores y pruebas que
menudean acerca del fraude oficialista el cual, con la descarada complicidad de
quienes administran sin control las decisiones del Consejo Supremo Electoral, hizo
de las suyas durante las elecciones del 7 de octubre de 2012. A esto se añade
la sombra de un Estado Comunal que con la tenebrosa muletilla de “Socialismo o
muerte”, planea como un ave agorera sobre un país donde seis millones y medio
de ciudadanos (cifra obtenida por Capriles en la última jornada electoral) manifestaron
su inconformidad con lo que ocurre.
Ya Aristóbulo Istúriz, flotador
en todos los remolinos de la historia política venezolana y hoy exaltado
chavista y candidato designado a dedo por el presidente a la gobernación del
Estado Anzoátegui, lució sin rubor esta perla: “Hay que desbaratar
gobernaciones y alcaldías. Los mejores gobernadores serán aquellos que primero
desbaraten las gobernaciones; los mejores alcaldes serán aquellos que primero
desbaraten las alcaldías y transfieran competencias y poderes a los Consejos
Comunales”. Es decir, “Pretende echar los cimientos del Estado Comunal, o sea,
instaurar un nuevo tipo de organización jurídica del Estado, no contemplada en
la Constitución de 1999 y que de tener éxito, desmantelaría la organización de
la República, tal como la conocemos desde 1830” (Nelson Acosta, “El Nacional”,
2 de noviembre, 2012).
No me sorprende. La única
innovación surgida en este manicomio-patíbulo es la representada por el cinismo
de un gobierno que ya desprovisto de su careta tradicional, saca el machete y
arremete contra todo lo que se le atraviese. Pero la nueva Resolución 058 que intenta
borrar de un plumazo las atribuciones de la comunidad educativa integrada por
padres, madres, representantes, docentes y estudiantes y transferir la
autoridad y decisiones privativas de la escuela venezolana a los amenazantes
Consejos Educativos, ha despertado la indignación general. Ya el Colegio de
Profesores de Venezuela, organización sindical que agrupa a los profesionales
de la docencia, la declara inconstitucional e inconsulta. La indignación crece.
Medios de comunicación, ciudadanos del común y analistas políticos la rechazan
sin contemplaciones. Ahítos de autocracia, soberbia y dinero ilícito, intentan
llegar demasiado lejos.
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