El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, dijo
que se aplicará el principio de oportunidad a los indígenas del Cauca que
hubiesen incurrido en delitos durante las protestas de las últimas semanas,
siempre y cuando abandonen los métodos violentos y mantengan su protesta dentro
de los canales pacíficos.
El jefe del ente acusador manifestó que: “Si en este momento el
principio de oportunidad contribuye a superar el conflicto social en el Cauca,
que se avance en un diálogo constructivo, nosotros como Fiscalía General de la
Nación estaríamos dispuestos a darles el principio de oportunidad a los
indígenas del Cauca, siempre que haya una salida negociada al conflicto del
Cauca”.
Se consideraría “muy seriamente usar el principio de oportunidad
como mecanismo para emplear el derecho penal para solucionar conflictos
sociales. Si para la solución del conflicto social debemos acudir a la
exoneración de responsabilidades, a no imponer penas, la Fiscalía está
dispuesta a hacerlo siempre que en el Cauca se abandonan los métodos violentos,
exista una solución armónica, un trato de diálogo y una solución negociada”.
En este contexto, el Fiscal General también defendió el derecho a
la protesta en Colombia como uno de los principales atributos que por medio de la
Carta Política del 91 fueron reiterados para las personas en el país. “En
Colombia no se puede judicializar ni penalizar la protesta social, pues la
protesta social es uno de los derechos más importante que consagró la
Constitución del 91”.
Con la Carta del 91 se cerró un ciclo de represión a la protesta
social, fundamentalmente por la declaratoria del estado de sitio. “La
Constitución del 91 protegió el derecho a la protesta social; pero la protesta
social es válida siempre que sea pacífica. Cuando ya pasa al campo de la
violencia, se disminuye la protección constitucional y puede ser penalizada la
persona que incurra en estos hechos. Estamos estudiando si existieron o no
actos de violencia que puedan decirnos si en la conducta de los indígenas del
Cauca existió la asonada”, señaló.
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“La Fiscalía valoraría la posibilidad de otorgarles el principio
de oportunidad a los indígenas, exonerarles de responsabilidad penal, sobre la
base de que se pueda solucionar el conflicto social; porque el derecho penal
también debe servir para superar conflictos sociales. No está sólo para la
represión y la imposición de sanciones privativas de la libertad”, puntualizó
el Fiscal Montealegre Lynett en entrevista concedida a la emisora de la Policía
Nacional.
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