Por Luis Barrera M.
Comienzan las FARC a coincidir con la propuesta del expresidente César Gaviria Trujillo en el sentido de despenalizar y legalizar el consumo de la marihuana. En el documento titulado “Ocho propuestas mínimas para el reordenamiento y uso territorial” desde La Habana, Cuba, donde se llevan a cabo los diálogos de paz con el Gobierno, el jefe de la delegación de esta organización guerrillera, ‘Iván Márquez’, expuso el punto más llamativo de la agenda en cuanto se refiere a los cultivos ilícitos. Las Farc proponen “cesar la política de criminalización y persecución, suspender las aspersiones aéreas y otras formas de erradicación que están generando impactos negativos socio ambientales y económicos”.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), estableció los montos máximos que se pueden invertir en las campañas políticas para llegar a ocupar una curul en el Senado o la Cámara de Representantes. Mediante la resolución 0228 expedida el 29 de enero de 2013, el Consejo Nacional Electoral CNE, determinó que “toda la lista de los aspirantes a Senado no podrá gastar en total más de $30.188.000.000”.En cuanto a las listas de candidatos al Senado dentro de la circunscripción nacional especial por comunidades indígenas, el monto máximo será de $334.000.000. Para cada una de las listas a Cámara de Representantes en departamentos con más de un millón de habitantes, el monto no podrá exceder de $4.034.000.000. En el caso de Bogotá, la cifra sube a $4.257.000.000, según lo determinó el Consejo Nacional Electoral. Pero hay quienes aseguran que en la práctica para el Senado cada aspirante debe gastar por encima de los 2 mil millones de pesos y para la cámara en el cauca no menos de 500 millones de pesos.
Sigue en líos la viuda del expresidente Víctor Mosquera Cháux, la distinguida dama payanesa doña Cecilia Paz de Mosquera. La Fiscalía General de la Nación busca acusar formalmente a los promotores del referendo para la reelección de Álvaro Uribe, casi tres años después de la imputación de cargos. Fraude procesal y falsedad en documento privado son las imputaciones que tendrían los nueve investigados por la Fiscalía. Ellos, junto a doña Cecilia, son el excongresista Luis Guillermo Giraldo, Doris Ángel Villegas, Miriam Donato de Montoya, Gustavo Antonio Dáger Chadid, Juan Dávila; consideraciones para imputarles estos cargos son que, según el ente investigador, el Comité reportó millonarias sumas como créditos cuando en realidad pertenecían a donaciones que excedían el límite permitido. En medios políticos caucanos se considera como injusta esta pretensión judicial que afectaría otro miembro destacado de la Casa Mosquera, la cual aún goza de mucho aprecio y afecto.
Ante el bajonazo en las encuestas de un 50 por ciento de imagen positiva en el sondeo hecho por el Centro Nacional de Consultoría, el gobernador del Cauca, Temístocles Ortega Narváez, decidió pedirle a su equipo de colaboradores trazar nuevas estrategias de comunicación que incluyen el acercamiento con todos los representantes de la radio, la TV y la prensa tanto en Popayán como en otros municipios del departamento y en el orden nacional. Se trata de limar asperezas con quienes manejan los medios de comunicación y mostrar sin limitaciones las obras y acciones que viene desarrollando el gobierno departamental. La popularidad e imagen del mandatario de los caucanos se ha visto empañada por las acusaciones de la contralora Sandra Moreli por el tema del llamado carrusel de las pensiones y el desconocimiento a ciertos sectores de opinión y políticos de la región, los cuales ha excluido de los ejes del poder departamental.
El Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, salió en limpio y podrá tomarse sus whiskies tranquilamente, tras el archivo por parte de la Fiscalía de la investigación en su contra por haber pertenecido a una empresa de asesorías en procesos electorales y señalada de manipular resultados de Congreso en 2010. La Fiscalía archivó la investigación que se seguía por la presunta existencia de una 'Registraduría paralela', la cual, según la denuncia que no prosperó, supuestamente manipulaba resultados electorales para favorecer a determinados candidatos al Congreso en las elecciones de 2010. La medida del organismo investigador favorece a la firma de abogados Procesos Electorales, la cual tuvo entre sus socios fundadores al registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, al director de gestión electoral de la Registraduría, Alfonso Portela, y al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga.
No parece haber en el Congreso ambiente para tramitar una norma que le ponga freno a las pensiones excesivas, por aquello de que “entre bomberos no nos pisamos las mangueras”. Pero ya hay voces que piden cambios. "Una persona sentenciada por parapolítica, guerrilla o narcotráfico nunca más debería recibir un peso del Estado", dijo Armando Benedetti, senador de 'la U'. Más de 30 excongresistas condenados por graves delitos, algunos relacionados con la afectación del erario, reciben pensiones mensuales que sobrepasan los 18 millones de pesos. Por ejemplo, Alberto Santofimio, condenado a 24 años de prisión por ser el coautor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Luis Carlos Galán, recibe una pensión mensual de 20'920.804 pesos. Y Mario Uribe, hallado culpable de alianzas con paramilitares, tiene una pensión de 18'650.042 de pesos mensuales, entre otros tras las rejas.
Continúa el estado de ingobernabilidad en el departamento del Casanare. En los últimos nueve años ha tenido 12 gobernadores, sin contar los que han encargado los mandatarios titulares cuando han tenido que ausentarse temporalmente. Durante el gobierno de Miguel Ángel Pérez (2004-2007), condenado por la Corte Suprema de Justicia, por recibir dineros del jefe paramilitar 'Martín Llanos' para financiar su campaña, comenzó la era de los encargos. Tras la salida de Pérez hubo tres gobernadores encargados. Casanare recibió 200 mil millones de pesos, mientras que en el 2011 fueron 293.385 millones. En el 2010 les giraron 567.197 millones y en el 2009 la suma fue de 502.248 millones y las obras poco se ven.
Armando Lugo, alias el “Cabezón”, quien quiso enredar a varios personajes de la vida política caucana, junto a otros 354 paramilitares de un total de 4.666 desmovilizados, sería expulsado de la ley de justicia y paz. La solicitud la realizó la Fiscalía General de la Nación. Con la iniciativa, los exparamilitares podrían ser judicializados y condenados por la ley ordinara, lo que implicaría que podrían pagar penas de hasta 60 años de cárcel. Eduardo Montealegre, fiscal general de la nación, anunció que en los próximos días solicitará formalmente al Tribunal de Justicia y Paz la exclusión de estos desmovilizados. El jefe de la Fiscalía afirmó que entre estas personas están involucrados excomandantes paramilitares quienes ahora serían investigados por la justicia ordinaria. Montealegre asegura que los exmiembros de las AUC habrían delinquido desde sus centros de reclusión, mientras que otros habrían incurrido en el delito de falso testimonio. Algunos de los comandantes de AUC incluidos en la petición son: Alias "Raúl", "El Ñato", "Zarco", "Caicedo", "Fiera", John Palomeque, Alirio Tamayo, y Nelson Bejarano.
El asesinato de dos sindicalistas de la multinacional Drummond en el 2001, podría generar una investigación contra el exprocurador general de la nación, Edgardo Maya Villazón. El medio hermano del exfuncionario fue hallado responsable del crimen por el Juzgado 11 Penal Especializado de Bogotá. El ente compulsó copias para que la Corte Suprema de Justicia evalúe la posible investigación en contra de Maya Villazón. La solicitud fue hecha en la sentencia por homicidio contra Jaime Blanco Maya, familiar de Maya Villazón. Blanco fue condenado a 38 años de prisión por su participación en el asesinato de Valmore Rodríguez y Víctor Orcasita, miembros del sindicato en el municipio de Bosconia en el Cesar. Según el juzgado de Bogotá, se pudo establecer que el exprocurador conocía de las amenazas en contra de los sindicalistas, pues ambos solicitaron su ayuda. Por tal motivo, se “ordenó compulsar copias para que se le investigue por la responsabilidad que le corresponda".
Puerto Tejada afronta hoy una de las más agudas crisis, tanto económica, como social, política y cultural; las calles se saturan de continuos tiroteos y choques entre las bandas delincuenciales juveniles, y pese al esfuerzo por neutralizarlas por parte de las autoridades policivas, la ciudad es hoy más violenta y conflictiva que hace unas décadas. Aunque el acontecer del país se centra en el conflicto armado y la violencia actual, Puerto Tejada enfrenta una propia crisis estructural a la que se le suma el creciente desplazamiento intraurbano que aunque la inseguridad y desempleo como variables expresan una gran importancia e incidencia en el hecho, varios concejales y dirigentes han venido pidiendo reiterativamente una intervención especial gobierno nacional para enfrentar efectivamente el fenómeno social que conducen a la Puerto Tejada desolada de hoy en varios de sus sectores urbanos.
Integrar o unirse a un todo, palabra tan perdida en el diccionario de los caucanos, resulta ser la clave, para salir adelante como región estigmatizada y golpeada fuertemente por la violencia y el terrorismo. No entendemos por qué no funciona la casa del Cauca en la capital de la república en donde podrían reunirse periódicamente gobernantes, dirigentes, funcionarios, empresarios, periodistas, empresarios, artistas y todo aquellos caucanos que tengan sentido de pertenencia por su terruño. Tener una casa del Cauca en Bogotá con el esfuerzo del sector público y privado significaría construir la más importante red social de apoyo, integrada por personas que viven fuera de su lugar de origen, que tiene como objetivos específicos rescatar el liderazgo de nuestra región, apoyar e impulsar todas las iniciativas que propendan por el desarrollo económico y social de nuestras comunidades, buscar los recursos a nivel nacional e internacional para financiar proyectos de desarrollo sostenible, de idéntica manera, patrocinar, destacar y divulgar nuestras expresiones artísticas, culturales y deportivas. Todo ello, sin perder nuestro sentido crítico.
Dirigentes industriales de la Zona Franca del Cauca confían plenamente en las acciones de las Fuerzas Armadas por controlar el orden público en el norte del Cauca que se ha visto afectado por la zozobra que pretende crear la insurgencia. Aunque se muestran optimistas en este sentido no dejan entrever su preocupación por el panorama que se cierne sobre el sector industrial colombiano que no es bueno. La realidad es que varios factores están afectando su productividad. El primero de ellos, indudablemente, es la revaluación del peso. En el 2009, por cada dólar se recibían 2.500 pesos; hoy, por ese mismo dólar se reciben 1.800 pesos. Lo anterior significa que la moneda local, entre estas dos fechas, se ha apreciado 38 por ciento. Si a lo anterior le agregamos un segundo factor, la apertura comercial con países con economías que no son complementarias con la colombiana, la realidad es que es imposible recuperar la competitividad industrial mientras no se dé un cambio en estos dos frentes. Las estadísticas de reducción del PIB Industrial y el aumento de las importaciones de bienes así lo reflejan. A pesar de lo anterior, muchos pretenden señalar los costos energéticos como los únicos responsables de la crisis industrial.
