Por: Luis Barrera
José Digno Alegrías, líder popular y fundador del barrio Betania debió abandonar su casa en la que habitó por algo más de 30 años porque la temible pandilla de los “Cochinolos” lo amenazó de muerte y hoy se trasladó resignadamente a otro sector urbano de Puerto Tejada.
Dramas como estos se están volviendo repetitivos en esta población nortecaucana mas allá de los límites de los barrios como Altos de París, Betania, Carlos Alberto Guzmán, Palenque, La Cabaña, El hipódromo, Jorge Eliécer Gaitán, El Cementerio y La Esperanza, en donde especialmente operan 36 pandillas juveniles que han puesto en jaque las autoridades dados los continuos enfrentamientos y agresiones a ciudadanos indefensos.
La complejidad y la dinámica de esta nueva forma de desplazamiento forzado constituye un serio reto para el gobierno local porque debe velar por mantener la gobernabilidad dentro de la legalidad democrática y al mismo tiempo, hacer respetar los derechos fundamentales de personas víctimas desplazadas, en un escenario intraurbano que muchos comienzan a temer por tener nuevos vecinos involucrados de alguna manera en el conflicto que desbordó la tranquilidad de una ciudad que convive entre el miedo y la zozobra.
Este conflicto que en un principio fue exclusivo de la zona oriental de Puerto Tejada ahora se trasladó a los barrios del sur, el norte, el centro y el occidente, en donde ya no se molestan en disimular su presencia, centrada principalmente en la disputa por el control territorial del tráfico de drogas y de armas, el hurto de motocicletas, la extorsión a pequeños comerciantes, e incluso el acceso a proyectos públicos o la colaboración de la administración municipal que les ha entregado ayudas humanitarias en un intento de neutralizar sus violento accionar.
Esta diversidad de manifestaciones de violencia armada afecta profundamente los derechos fundamentales de la población en general, pero los menores de edad son el segmento de población más vulnerable que están siendo usados como ganchos para cometer toda clase de crímenes y delitos.
En Puerto Tejada hay sectores y vías calificadas como zonas rojas de temible recomendación para el tránsito como la salida a Padilla, considerada como “La república independiente de los Cochinolos”, “La sin futuro” en el extenso barrio La Esperanza, la vía al Granada y Los Bancos, la calle 17 en su largo recorrido hasta la vía que conduce a Candelaria, el bajón en el barrio El Triunfo, y la carretera a Vuelta Larga, entre otras ,que ya hacen parte de la delictuosa historia de las pandillas juveniles.
Los gobiernos nacional, seccional y local están en mora de renovar los esfuerzos para fortalecer el Estado de derecho y estimular el respeto por las normas del Derecho Internacional Humanitario en esta población con el mayor número de desplazados urbanos y en las que se cuenta por casi 150 viviendas que han tenido que abandonar sus dueños ante las intimidaciones y el juego cruzado originado en el enfrentamiento entre pandillas.
Pero urge complementar estas acciones mediante dispositivos que en el pasado se utilizaron con cierto éxito para controlar la delincuencia juvenil: una mejor distribución de la inversión social, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la reactivación de campañas educativas contra la delincuencia, contra la explotación y el abuso sexual, y en fin campañas formativas integrales y de monitoreo continuo para desincentivar la vinculación de los jóvenes y niños al conflicto armado urbano.
La diversidad de implicaciones y consecuencias del desplazamiento interno en Puerto Tejada es mucho más que tener que irse a otra parte. Lo que se hace (y lo que puede hacerse) desde el Estado y la sociedad para ayudar a las personas desplazadas a reconstruir sus vidas, es lo que no ha tenido una respuesta inmediata por parte de las autoridades y lo que es peor, que no se vislumbra una iniciativa seria para despertar la conciencia entre la comunidad sobre la magnitud y las implicaciones de la tragedia humanitaria que es el desplazamiento forzado interno en esta población.
¿Hasta qué punto, en el caso de Puerto Tejada, los gobiernos nacional y local han perdido cierta capacidad de gobernar y de controlar las manifestaciones violentas de los grupos juveniles al margen de la ley? Responder a esta pregunta implica analizar la situación actual del conflicto social en la ciudad, el control territorial y la presión que las pandillas y delincuencia común vienen ejerciendo sobre los habitantes de ciertos barrios, sobre las propias autoridades y sobre la sociedad en general.
Ahora bien, la coerción armada ejercida por los grupos juveniles al margen de la ley ha conducido a erigir fronteras invisibles, es decir, la división de territorios y el control de zonas estratégicas para el tráfico de armas, el cobro de vacunas, el robo de celulares, el asalto a carros repartidores, el microtráfico y la extorsión, como se advierte en las alertas tempranas de la personería municipal, que implica cómo más de la mitad de la ciudad es hoy territorio de conflicto abierto entre grupos pandilleros.
Los afrocolombianos y todos los habitantes de Puerto Tejada son una de las poblaciones más vulnerables a los efectos del conflicto armado entre pandillas juveniles, y por ende uno de los focos más importantes de la protección ante los riesgos de desplazamiento forzada urbana. Centenares de ellos sobreviven en condiciones de extrema pobreza.
Cerca del 80 % de las personas desplazadas internamente en Puerto Tejada son mujeres, niñas y niños. Según un informe preliminar del seguimiento hecho por el ministerio público sobre el desplazamiento forzado en esta población, el 43% de las familias desplazadas tienen jefatura femenina y el 68% de las mujeres desplazadas cabeza de familia están solas.
Lo cierto es que este fenómeno social de las pandillas se volvió en una forma de habitar la ciudad. La adoptan centenares de jóvenes de los sectores populares, protagonizando un conflicto que no discrimina entre la riqueza y la penuria, entre el bienestar económico y el atraso de la ciudad. En efecto, se quedaron como resultado de la crisis en los hogares, de los principios y valores comunitarios y el facilismo que ligado finalmente al generalizado incremento de la pobreza en una ciudad que se estigmatizó por su cruel accionar.
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