JOSE LÓPEZ HURTADO *
Al presidente Santos y a su canciller Holguín, les tocó terminar el baile "con la más fea”, porque cuando llegaron al gobierno ya prácticamente todo estaba resuelto, en contra de los intereses y de la integridad territorial de Colombia.
De ahí hacia adelante por más pronunciamientos, comisiones y reuniones que se hicieran, -algunas de ellas llenas de los más absurdos despropósitos, que desnudó el clima de zozobra e improvisación que se apoderó de las autoridades-, en nada iba a cambiar el contenido del absurdo fallo, que como cualquier vulgar atraco a plena luz del día, desmembró el territorio colombiano en más de 75.000 Kms2.
Lo de la junta de abogados notables para estudiar (¡!) los alcances de la sentencia, nacida muerta a la luz de los hechos, el propio pronunciamiento de retiro del Pacto de Bogotá, y los anuncios de la eventual declaratoria de emergencia económica para atender, a última hora, los reclamos de la población raizal, la principal afectada, resultaron, como se esperaba, medidas inocuas e irrelevantes.
Generosamente algunos medios colombianos destacaron en sus páginas editoriales, una de nuestras opiniones cuando indicamos que el descalabro estaba consumado, que no habría responsables, como no los ha habido hasta ahora frente a la pérdida en dos siglos de un millón de kilómetros cuadrados del territorio nacional, y que esa era la herencia para las presentes y nuevas generaciones. Triste situación, para los colombianos de a pie, sin otra herramienta de protesta que la de su voz indignada frente al atropello impune, pero que comienzan a exigir un juicio político para establecer responsabilidades y culpables en esta tragedia histórica.
Algún acertado comentarista indicaba que en el fondo de todo yacía como explicación de la debacle, las políticas centralistas y excluyentes, que siempre habían mirado con desdén y desprecio a los territorios insulares alejados de la metrópoli, incluidos los Llanos, Arauca, Casanare, Cauca, Nariño etc., muy lejos de las querencias y preocupaciones de la secular élite santafereña en el poder.
Es probable que esa sea una de las explicaciones, pero hay que agregar que en el asunto, también parece haber existido negligencia, desinterés, falta de profesionalismo, y un verdadero amor y apego por este terruño privilegiado que enseñaban los libros de geografía y los Atlas del mundo, pero de cuya riqueza sigue siendo despojado olímpicamente.
Nuestra propuesta, formulada a la luz de ciertos principios de orden constitucional, que mereció el respaldo aislado de algunas voces muy autorizadas del foro y la academia, y que pretendía que se convocara por parte del Presidente a un referendo para que fuera el pueblo, como Constituyente primario que lo autorizara para desacatar la absurda sentencia, creemos que sigue siendo válida. Sólo que debe convertirse en un gran propósito nacional.
Lo de acudir a la ONU y a la OEA, es seguir sometiendo al arbitrio de intereses políticos foráneos nuestro más caro patrimonio territorial.
* Analista Internacional, colombiano.
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