Por: Luis Barrera
Editor Proclama del Cauca
Si la justicia es la constante y perpetua
voluntad de dar a cada uno lo suyo, no entendemos por qué el propio Estado se
niega sistemáticamente apropiar los recursos necesarios y las condiciones dignas
para que se administre la justicia en nuestro país.
Los trabajadores del poder judicial
del departamento del Cauca y todo el país adelantan un paro indefinido, pues
afirman que luchan por conseguir la nivelación salarial para jueces, abogados,
fiscales, directores de administración judicial y directores de fiscalía, entre
otros.
Se llegó a esta decisión con el
fin de apoyar la lucha de los empleados y trabajadores de la rama judicial es a
nivel nacional y continúa, con marchas simultáneas en Popayán y otras ciudades,
con el fin de presionar al gobierno para decretar la nivelación salarial. En
los palacios judiciales se llevan a cabo reuniones informativas donde se
explica a los usuarios la determinación de parar con las labores.
En algunas poblaciones se encuentran
en asamblea permanente y se están prestando los servicios en la unidad judicial
de forma normal y efectiva.
El paro es de carácter indefinido
y la comunidad en general espera que la situación se normalice lo más pronto
posible, con una negociación seria con la Ministra de Justicia, tal como parece
en el principio de acuerdo que se analiza, ya que entorpece el normal
desarrollo de las actividades judiciales. Sin embargo, es esta una oportunidad
para exigir sus justas pretensiones salariales y que deben quedar en el
presupuesto nacional las partidas que garanticen el pago de las demandas de los
empleados de la rama judicial que están siendo mal remunerados si se tiene en
cuenta la dignidad que representan como es la administración de la justicia.
Recordemos como un fallo del
Consejo de Estado revivió una deuda que asciende a 1,3 billones de pesos por
concepto de bonificaciones para magistrados de tribunales, procuradores y
fiscales delegados. La sala de conjueces del Consejo de Estado determinó que el
Gobierno deberá cancelar ese dinero tras caerse el decreto 4040 del 2004, el
cual pretendía ponerle freno a demandas que venían desde 1998 en el gobierno de
Álvaro Uribe.
El decreto firmado por el expresidente
Ernesto Samper en medio de un paro judicial, dio a esos altos funcionarios de
la rama una bonificación mensual del 80 por ciento sobre el sueldo que
recibían, sin embargo se llegó a una conciliación donde se bajaba la
bonificación del 80 al 70%. Los conjueces consideraron que ese arreglo era
discriminatorio por lo tanto quedaba vigente la norma anterior del 80%.
Esa situación provocó hace dos
años uno de los paros judiciales más críticos que ha tenido el país. Más de 40
mil servidores de la Justicia que hacían parte de Asonal Judicial se declararon
en cese de actividades durante más de un mes exigiendo una nivelación salarial
similar a la otorgada a los magistrados.
La historia del poder judicial en
Colombia, responde fundamentalmente a varios problemas endémicos: la falta de
un presupuesto adecuado, con repercusión sistemática en la mora y congestión
judicial y la dificultad del acceso a la administración de justicia.
Un estado social y democrático de
derecho debe garantizar este servicio público con eficiencia y equidad. De ello
depende su legitimidad y la confianza de los coasociados. La justicia es una
contribución al bienestar y la paz, para evitar la justicia privada o ejercicio
arbitrario de las propias razones. El acceso a la administración de justicia es
un derecho fundamental. Pero un derecho sin garantía no es derecho.
La verdad cruel es que el poder
judicial durante mucho tiempo ha sido una criada, una cenicienta frente a las
ramas restantes del gobierno, refiriéndose a que el sistema judicial en
Colombia no cuenta con un equilibrio dentro de las tres ramas de la democracia
representativa.
Cómo podemos aspirar a una excelente administración de
justicia cuando el propio Estado a través del Gobierno Nacional se niega a
estimular un buen nivel salarial a sus funcionarios y es por ello que la
dignidad salarial aparte de ser una deuda
histórica es un acto de justicia con su propia dignidad que es quizás el
mejor instrumento para conservar su independencia y autonomía frente a las presiones
políticas y legislativas.
Una precaria nivelación salarial
y condiciones indignas para trabajar en los centros judiciales del país es la causa
fundamental de las falencias de la administración de justicia. Y una de ellas
es el bajo salario de un gran número de trabajadores judiciales y la
desproporcionada diferencia entre estos y los salarios de jueces y fiscales y
en similar desproporción la de estos con los sueldos de magistrados de tribunales
y de altas cortes.
Gana más un peluquero o estilista
de barrio que un Juez de la República a nivel municipal. Por ello consideramos
respetuosamente que en este sentido, es necesario para la gran mayoría de
funcionarios de la rama judicial, reclamar el apoyo de las altas dignidades del
poder judicial y apelar al sentido de solidaridad, siendo consecuentes con la
deuda histórica que en materia salarial tiene el Estado con los operadores
judiciales.
Si se ha reconocido que las
aspiraciones salariales son justas, hay que pasar del dicho al hecho. Reclamar
un presupuesto adecuado para la rama judicial, debe incluir las mejoras
salariales del grueso de trabajadores, empleados, jueces y fiscales. Si se
tiene en cuenta que la demanda de justicia es creciente, los despachos se
atiborran de procesos día tras día, el estrés laboral hace mella en la
integridad síquica de los judiciales, administrar justicia en medio de un
conflicto interno es cada vez más riesgoso, el creciente número de homicidios,
desapariciones forzadas, amenazas, desplazamiento interno, exilio, así lo
indican, sumado a ello el suicidio, en cuanto a los temas penales.
Los demás empleados públicos en
un acto solidario al igual que los distintos sectores de opinión, deberíamos
expresar al menos nuestra voz fraternal con este gremio y cerrar filas en torno
a esta necesidad, pero muy especialmente dentro del mismo poder judicial. Lo
contrario es acrecentar el odio entre los diversos estratos judiciales,
diferenciados tal como las clases sociales, donde magistrados de tribunales y
altas cortes son vistos como la elite burguesa y como los enemigos de la clases
media y baja representados en jueces, fiscales y empleados, evitando aumentar
el desánimo, la desidia y la pereza judicial en el trabajo, como la propia vulnerabilidad
de la rama judicial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario