El gobernador del Cauca, Temístocles Ortega Narváez y doce magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura están en la mira de la Contraloría por su presunta responsabilidad fiscal en la pérdida de $3.421 millones en lo que se ha denominado como el carrusel de las pensiones.
Según la investigación, magistrados titulares nombraban a sus auxiliares cuando estaban ad portas de pensionarse para que súbitamente su pensión se duplicara o hasta triplicara, en perjuicio de los recursos públicos y de la sostenibilidad y estabilidad del Sistema General de Pensiones, por eso, la Contraloría General de la República imputó cargos de responsabilidad fiscal a los magistrados Julia Emma Garzón, Henry Villaraga Oliveros, Martha Patricia Zea Ramos y Temístocles Ortega Narváez y a los magistrados auxiliares Cenaida Mejía Báez, Zilath Corrales Pérez, Constanza Margarita Navia de Ayala, Álvaro Rojas Mallorquín, Jaime Roberto Arteaga Caiza, Jesús Herrera Cortés, Jorge Iván Bravo Vélez, Margoth Castellanos Carrillo y Petrona Perafán Ordoñez.
Temístocles Ortega Narváez
El Jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción (Ad-hoc) de la Contraloría General de la República, Carlos Eduardo Umaña, resolvió imputar responsabilidad fiscal por el daño acaecido a los intereses económicos de la Nación a Temístocles Ortega Narváez, en cuantía de $471.629.081 de manera solidaria con la señora Petrona Perafán Ordóñez, en su condición de Magistrada Auxiliar.
Ortega Narváez, resultó presunto responsable fiscal en calidad de magistrado nominador de la magistrada auxiliar Petrona Perafán Ordoñez, quien logró obtener el reconocimiento de una pensión que inicialmente era de $ 3.850.939 a un valor de $ 11.537.500, tomando como base de liquidación el salario devengado durante el periodo de tiempo laborado como magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura comprendido entre el 3 de abril a 1 de julio de 2008.
En diálogo con un medio de comunicación de Popayán el gobernador Ortega Narváez dijo que recibe la información con la tranquilidad de poder ejercer una legítima defensa y que la decisión de la Contraloría no le impide seguir actuando como gobernador.
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