Amylkar D. Acosta M[1]
“Con los más loables y mejores propósitos
se hacen las peores cosas” A. A.
La reforma del régimen de regalías que entró
en vigencia a partir del 1º de enero de este año[2]
sigue dando de qué hablar. A través de la Ley 1530 de 2012 que desarrolla y
reglamenta el Acto Legislativo 05 de 2011 se crearon los órganos colegiados de
administración y decisión, los tan publicitados OCAD. Estos, a su vez, están
supeditados jerárquicamente al órgano rector del Sistema General de Regalías
(SGR), cuya secretaría técnica ejerce el Departamento Nacional de Planeación,
el cual está llamado a establecer pautas para el funcionamiento del SGR, así
como también de los fondos que hacen parte del mismo. En ejercicio de esa
potestad la Comisión Rectora[3],
le dio concepto favorable al proyecto de presupuesto bianual del SGR presentado
a su consideración por parte del Ministerio de Hacienda, como paso previo para
su radicación en el Congreso de la República para su trámite y aprobación.
PRESUPUESTO INFLADO
Este proyecto de presupuesto para la vigencia
2013 – 2014 está aforado en la suma de $17’726 millardos, $9’140 millardos para
el primer año y $8’586 millardos para el segundo. Este presupuesto, a
diferencia del Presupuesto General de la Nación (PGN) que es de causación, es de caja, dado que está basado en las estimaciones de los ingresos
provenientes de las regalías que hace el Ministerio de Hacienda a través del
Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)[4].
Dice la Ponencia del proyecto de Ley, que ya fue aprobado en primer debate por
parte de las comisiones económicas terceras y cuartas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes y ahora se enruta al
segundo y último debate, que “la proyección de las regalías se basó en supuestos ajustados a la realidad”[5].
Pero, al tragar entero, no se dieron al trabajo de analizar las bases sobre las
cuales descansa dicha proyección, las cuales lucen muy deleznables, toda vez
que, al igual de lo que pasó con el PGN, a nuestro juicio se están sobreestimando los recursos que se esperan recibir por
concepto de regalías en los próximos dos años.
No es realista la posición del Gobierno al
apostarle a un crecimiento del PIB del 4.8% para este año y el entrante,
estando advertido de que la economía colombiana ya ha empezado a sentir en
carne propia los embates de los vientos fríos que soplan desde Europa y el
lejano oriente. Se parte de la premisa de que el boom minero – energético se
prolongará por otros años más, cuando los registros del último año muestran una
clara tendencia a su decaimiento merced a la destorcida de los precios
internacionales de todos los commodities, influida por la baja en la demanda
por los mismos[6],
que se encuentra en su cuarto menguante. Por ello, consideramos que los
supuestos en que se basó este proyecto de presupuesto están, como diría el
connotado escritor Octavio Paz, “a las afueras de la realidad”. Porque, suponer
precios WTI del barril de crudo
colombiano de US $95 para el 2013 y de US $91 para el 2014, no consulta para
nada las sombrías perspectivas que se vislumbran. Lo propio podemos decir con
respecto al precio del carbón, que se estima en US $75 para el 2013 y US $77
para el 2014. Claro que el Gobierno se cura en salud, haciendo la salvedad de
que tales supuestos “pueden verse afectados por múltiples factores internos y
externos, lo cual le confiere una gran
volatilidad a las variables del sector Minero – energético”[7].
EL TRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS
Ahora bien, los triángulos de buen gobierno, como le llaman a los OCAD, como ya
tuvimos oportunidad de reseñarlo, han resultado inoperantes, paquidérmicos y se
parecen más al triángulo de las bermudas, en donde naufragan las mejores
intenciones[8]. A
la postre, nadie está contento con los OCAD; pero, curiosamente, los más
inconformes con este mecanismo para acceder a los recursos del SGR son los
parlamentarios, que fueron quienes los
crearon. Ahora se quejan de que “al definir la estructura de decisión de
los OCAD se les dio un excesivo poder de decisión a los gobernadores… Su
estructura de decisión, tal como ha sido concebida, podría llevar a decisiones
indeseables”[9],
pero no precisan para quién podrían ser indeseables. Pero, empieza uno a salir
de dudas cuando advierten en la Ponencia que “existe una queja generalizada
sobre el trato que en ocasiones se dispensa a integrantes de esta corporación
(léase Congreso de la República)”[10]
que hacen parte de los OCAD. Por su parte el Gobierno no ha disimulado su
disgusto con el funcionamiento de los OCAD, porque en ocasiones al momento de
tomar decisiones en torno a los proyectos a aprobar las autoridades regionales
han terminado por imponerse a la omnímoda voluntad del Gobierno central a
través de sus mayorías en el seno de los mismos.
SALTA LA LIEBRE
Buscándole la comba al palo, a la chita
callando, entre bastidores, se les
antojó a los ponentes de este Proyecto, acolitados
por el Gobierno, que “para evitar que se presenten situaciones como las
mencionadas, consideramos aconsejable
conceder cierto poder de decisión al Gobierno Nacional, del que actualmente
carece, para restringir la aprobación de
proyectos que a todas luces (de quién?) sean inconvenientes para las regiones”[11].
Y, a renglón seguido, acotan que el Congreso y el congresista “debe tener la
posibilidad de incluir iniciativas en el
anexo de proyectos y que estas sean consideradas también en los OCAD”[12].
Eureka, este es “a todas luces” un intento solapado de incrustar en el
Presupuesto del SGR los llamados eufemísticamente cupos indicativos, que no son otra cosa que auxilios disfrazados,
práctica esta que ha hecho carrera en la aprobación del PGN.
Pues, bien, después de darle vueltas al
asunto, se llegó a la fórmula salomónica perfecta que le permitirá al Gobierno
aceitar la maquinaria y a muchos congresistas satisfacer sus ambiciones de cara
a los próximos certámenes electorales que ya se avecinan. La misma le permitirá
al Gobierno central, que ya de por sí tiene la sartén por el mango en el nuevo
esquema del SGR[13], imponer
sus decisiones en los OCAD a través de su voto
preferente y, como favor con favor se paga, por esta vía favorecer aquellos
proyectos que tengan el padrinazgo de los parlamentarios afectos al mismo. Se trata, según lo aprobado en las primeras de
cambio de que “los proyectos de inversión susceptibles de financiación por los
fondos de Desarrollo Regional (FDR) y del Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación FCTI), para su aprobación
deberán contar con el voto positivo del
Gobierno Nacional… Así mismo… los proyectos susceptibles de financiación
con cargo al 60% del Fondo de Compensación Regional (FCR) deberán contar con el voto positivo del Gobierno Nacional”[14].
No se queda nada por fuera, todos los
recursos de inversión del SGR, tanto los del FDR, como los del FCTI y los del
FCR están en la mira.
Ya habíamos advertido del riesgo que se
corría de que los recursos del SGR terminaran convirtiéndose en algo parecido a
lo que en su momento bautizaron en el Congreso de Inglaterra como el barril de
los puercos, por ser una fuente de corrupción y clientelismo, los mismos vicios
que supuestamente se buscaba erradicar con la aprobación de la reforma del
régimen de regalías. Y, desafortunadamente, todos los indicios conducen a
concluir que por esta vía estaremos muy expuestos a que se termine cumpliendo
mi premonición de que podemos simplemente salir de las llamas para caer en las
brasas. Y de paso se tira por la borda el tris de autonomía que aún les queda a
las entidades territoriales, llevándose de calle el principio de la autonomía para la gestión de sus intereses por parte
de las mismas, tal y como lo consagra la Carta en sus artículos 1º, 3º, numeral
2 y 287.
Como quedó establecido en la Ley 1530 de
2012, el Gobierno central tiene el control absoluto
del SGR, dado que a través del DNP tiene la Secretaría de la Comisión Rectora,
maneja el Banco de Proyectos, evalúa y conceptúa sobre estos para darles
viabilidad y, como si lo anterior fuera poco, maneja también el Sistema de
Monitoreo, Control, Vigilancia y Evaluación de la ejecución de los recursos del
SGR, con poder sancionatorio. Y si a
ello se le añade el poder de veto en los OCAD, los alcaldes y gobernadores, los
concejos y asambleas, quedarán todos reducidos a su condición de convidados de
piedra. Todavía estamos a tiempo para que no pase este engendro y se consume
este exabrupto, que atenta contra la quintaesencia misma de la Constitución
Política expedida en 1991.
Bogotá, noviembre 18 de 2012
www.amylkaracosta.net
[1]
Miembro de Número de la ACCE
[2]
Acto Legislativo 05 de 2011
[3]
Ley 1530 de 2012, artículo 5º
[4]
Ley 819 de 2003
[5]
Ponencia para primer debate del
Proyecto de ley 130 Senado y 158 Cámara
de Representantes, “por el cual se decreta el presupuesto de ingresos y gastos
del SGR para el bienio 2013 – 2014”
[6]
Amylkar D. Acosta M. A propósito del
Presupuesto General de la Nación 2013. Octubre, 29 de 2012
[7]
Ponencia para primer debate del
Proyecto de ley “por el cual se decreta el presupuesto de ingresos y gastos del
SGR para el bienio 2013 – 2014”
[8]
Amylkar D. Acosta M. El trancón de
las regalías. Agosto, 16 de 2012/ El trancón sigue. Septiembre, 1 de 2012
[9]
Ibidem
[10]
Idem
[11]
Idem
[12]
Idem
[13]
Amylkar D. Acosta M. La reforma del régimen de regalías y su impacto en las
finanzas territoriales. 2ª edición. 2011
[14]
Texto aprobado en primer debate por las comisiones
económicas conjuntas terceras y cuartas del Senado de la República y la cámara
de Representantes, del Proyecto de ley 130 Senado y 158 Cámara de
Representantes. Artículo 31
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