viernes, 24 de agosto de 2012



EL QUIMBO: UN ERROR GUBERNAMENTAL


Por Leopoldo de Quevedo y Monroy
Locombiano

Pareciera que en este país se hicieran las cosas por encima de la conveniencia social y ambiental para luego lamentarse porque no se cumplieron los presupuestos legales o se pasó por encima de ellos. Es lo que ha sucedido con el tristemente célebre proyecto de la construcción de la Hidroeléctrica de El Quimbo en el Huila, como ocurrió con la Concesión de Cerro Matoso, la del níquel.

Desde mucho antes de comenzar el año la empresa multinacional EMGESA había empezado a hacer las obras sobre terrenos fértiles y a hacer un túnel para canalizar el río Magdalena y desviarlo de su cauce. La idea era construir una gran represa sobre terrenos que afectaban predios y poblaciones de cientos de familias productivas de los municipios de Tesalia, Garzón, Gigante, Paicol, La Jagua, El Agrado y Altamira.

Más de 350 familias quedaban desplazadas y debían abandonar antes del 6* de marzo de 2012 su sitio de crianza, de trabajo y de futuro. Era la fecha límite que había fijado el Gobierno Santos y Emgesa para dar la orden al Río Grande para que inundara todos esos sitios y dejara el curso que por toda la vida había recorrido libre. El Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales* avalaron la licencia para que Emgesa hiciera unas obras con las ofrece generar 2260 gigavatios de energía al año.

Con apoyo efectivo del Esmad la población civil debió abandonar sus predios y dar paso al cambio de cauce del río madre del país, al cambio del paisaje y de uso de la tierra que habían tenido desde tiempos inmemoriales. Una licencia y el uso de la fuerza pudieron más que la intención de sus propietarios legítimos, de quienes siempre vivieron de la tierra y el bienestar que produce su cercanía al río. No hubo lugar a atender su derecho a conservar su propiedad ni a sus lágrimas. No hubo consulta a todas comunidades y se pasó por encima de sus mujeres y niños y su suerte.

Hoy, después de que el río ha sido desviado, que las gentes inermes y pacíficas han sido despojadas de su hábitat y han sido llevadas a un destierro a otros lugares, que las maquinarias y personal de seguridad y tren de trabajo de Emgesa han reemplazado la actividad pacífica de esta parte del sufrido Departamento del Huila, la Contraloría General ha tomado en cuenta los reclamos de los antiguos pobladores.

Ha mirado con independencia y sin la fuerza del Esmad encima, si hubo legalidad en el otorgamiento de la Licencia ambiental, si las obras se empezaron previos los requisitos que la ley exige de consulta a todas las comunidades afectadas, si hubo consenso mayoritario y si las compensaciones sociales, ambientales y económicas son justas, equitativas y satisfacen los inconvenientes que resultan para familias que siempre vivieron contemplando el paisaje con su río disfrutando de una vida tranquila y sin los afanes de una infraestructura que trae nuevos problemas y necesidades...

El Río Magdalena hasta hora no ha abierto la boca porque la fuerza del invierno no lo ha tocado. Pero quienes han sufrido el despojo de su paisaje natural y con engaños han debido salir como alimañas de una cueva, esperan que la Contraloría les conceda la razón a los argumentos que a tiempo hicieron expertos*, CorMagdalena, Instituto de Antropología e Historia, personeros y hasta un Obispo y devuelva la fe en las Autoridades.

¿Quién defenderá al Río Grande en su cauce natural y a los ciudadanos en su vida normal, en su paz, en sus bienes, si los gobernantes son los que atentan contra ellos?

24-08-12                                        9:58 a.m.  

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