Por: Luis Barrera
Durante los años siguientes a la declaración de la independencia (1810-1816) se hicieron lo primeros intentos por organizar el funcionamiento político de nuestro país.
Fueron años de confusión y desorden, pues los criollos que asumieron las responsabilidades de mando eran inexpertos en el gobierno. Unos querían organizar un gobierno centralizado y fuerte para todo el país y otros preferían que cada región gobernara sus propios asuntos, organizados por un gobierno central con pocos poderes.
Para resolver quién tenía la razón, se declararon la guerra. Esta época se bautizó “Patria Boba”, no solo porque la guerra entre compatriotas era una bobada, sino también porque era todavía más ilógico dedicarse a la guerra cuando aún no se había asegurado la independencia.
Por estos días los colombianos tenemos dolor de patria a raíz del fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda, y el cual le reconoce a Nicaragua algo más de 75 mil kilómetros de plataforma marina en el Caribe y que hacen parte del archipiélago de San Andrés.
La sensación es como si hubiéramos sido goleados 12 a cero por el seleccionado de fútbol de Nicaragua y aún no asimilamos la derrota, estamos tan apesadumbrados y tristes que el guayabo va de largo con serias implicaciones y disyuntivas en si se acata o se desconoce el trascendental fallo jurídico.
La pena colectiva que estamos viviendo los colombianos ha servido para todo tipo de excusas y acusaciones, menos para unirnos en lo esencial que sería defender nuestra soberanía en ese pedazo de patria cuyos mares productivos no los arrebatan en nuestras propias narices.
Lo que no podemos es caer en otro período de patria boba en el que nos peleamos entre nosotros. Por un lado los que afirman que el fallo no tiene reversa, que es de obligatorio cumplimiento, que ya no hay tiempo de llorar y que resignadamente debemos buscarle una salida concertando con Nicaragua para explotar conjuntamente esas riquezas marinas sin que se afecten nuestros sacrificados pescadores y población de todo el Archipiélago.
De otra parte, hay quienes al unísono en mayoría piden desconocer completamente el fallo y sostienen que le corresponde al Gobierno del presidente Santos históricamente tomar la decisión de “hacerle mamola” a la decisión asumiendo todas las consecuencias internacionales, no sin antes haber recurrido a la solidaridad de otros países y la propia Naciones Unidas, lo que implicaría montar otra estrategia diplomática para hacer valer los derechos adquiridos por Colombia en estas aguas del mar Caribe.
En el fondo de nuestros “corazones partidos” en gran parte de la opinión pública gana la tesis que Colombia no debe ni puede acatar un fallo abiertamente ilegal que pasa por encima de un tratado plenamente establecido con Nicaragua, como fuera el tratado de 1928.
La argumentación disidente del fallo del Juez japonés, Owada, según los entendidos, pone en entredicho toda legitimidad del proceso llevado a cabo en La Haya: la Corte NO tenía competencia para juzgar dicho caso, una vez que Nicaragua cambió en 2007 la naturaleza de su disputa en forma y contenido.
En consecuencia, ni por el que sabemos, Colombia no debe acatar un fallo que es absolutamente ilegítimo y más que ilegítimo, fraudulento, que pone en peligro su seguridad nacional, y que utilizó argumentos falaces, que solo usó los argumentos de la contraparte y que desconoció por completo los argumentos a favor de la posición colombiana muy bien artillada y costosa en honorarios, y que como bien expresaron las opiniones dentro de la misma Corte, no hace justicia ni acata las leyes internacionales.
De los pronunciamientos de los jueces de La Haya se deduce que hubo desconocimiento de los fundamentos de derecho que obraban a favor de Colombia dentro del proceso sobre límites, por cuanto omitieron el análisis del Tratado Bárcenas-Esguerra, el cual continúa vigente y en consecuencia su contenido sigue rigiendo, por tanto los límites acordados en ese tratado son los límites verdaderos. Además, al parecer no se contó con la presencia de la Corte dentro de ninguno de los territorios de Nicaragua o Colombia para verificar si existía o no explotación económica o si pudiese haber explotación económica de la plataforma continental.
En consecuencia, todo lo actuado por la corte debe ser anulado, y si no hay apelación, sencillamente no debe ser acatado. Lo que sigue es unirnos todos los colombianos a las decisiones que se asuman desde el Gobierno nacional y solidarizarnos con el dolor patriótico y las marchas de los habitantes de San Andrés, sin caer en otro periodo de patria boba. Al fin de cuentas, hay muchos bobos que nacen, pero son más los que se hacen.
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