CARLOS ALBERTO ORTEGA MUÑOZ
La inmensa mayoría de los colombianos, gentes de bien,
están en su diario vivir, inmisericordemente sitiados por una poderosa minoría
infiltrada en la sociedad con el propósito de ejecutar acciones contrarias a la
moral, la ética, la honradez y las buenas costumbres.
A diario la ciudadanía es horrorizada por el deprimente
espectáculo ofrecido por los medios de comunicación social cuando informan
sobre los innumerables actos de corrupción y violencia que ocurren en el
territorio nacional.
Sin escrúpulo alguno se desfalca el erario, la mafia
avasalla sin cesar por doquier y cantidades de compatriotas, amenazados,
extorsionados o torturados, sin más alternativa, huyen despavoridos hacia las
ciudades capitales o hacia otros países con la esperanza de salvar sus vidas y
la de sus familias. Son los desplazados que al abandonar sus bienes y sus
fortunas, llegan obligatoriamente a las urbes a engrosar los cinturones de
miseria con el agravante de que muchos de ellos lloran inconsolablemente la
pérdida de la vida de sus seres queridos.
En Colombia, la violencia, la corrupción y la crueldad
son implacables.
Han pasado décadas e inclusive siglos y nada o casi
nada se ha hecho en contra de tan abominable flagelo. La inocua e infructuosa
lucha anti-corrupción y anti-violencia contrasta pálida y lánguidamente con los
enormes daños que se causan a la sociedad.
El gobierno colombiano, investido constitucional y
legalmente para combatir la corrupción y la violencia, parece estar bloqueado,
en sus instituciones, por la infiltración de delincuentes de distinto origen
que posan ante la opinión pública como acrisolados e impolutos servidores
públicos. En su actuar, estos personajes expiden o influyen para que se expidan
normas que al decir de ellos mismos son insuperables en su eficiencia y
eficacia.
Es paradójico observar cómo la seudo-dirigencia
corrupta y violenta posa como abanderada del altruismo y la filantropía sacrificándose
en favor de las mayorías desprevenidas pero los hechos muestran todo lo
contrario; sus propios intereses son la prioridad. Expiden normas a su medida.
Delinquen y nada pasa porque todo es correcto y está dentro del marco legal. Si
surgen divergencias comprometedoras, vienen las acusaciones, las
investigaciones y los juzgamientos cubiertos por el manto de la impunidad. Entonces,
¿Quiénes luchan contra la corrupción y la violencia?
Si bien es cierto que hay momentos en que la desilusión
y la desesperanza afloran en muchos compatriotas, también es cierto que no se
ha bajado la guardia ni se ha perdido el horizonte.
La patria amable, acogedora, solidaria y equilibrada no
es una utopía. El pueblo es soberano y dueño absoluto de su propio destino.
Sabe que rumbo tomar. Aunque es duro y exigente, el camino a seguir es claro.
Recorrerlo exitosamente es cuestión de decisión y compromiso. Su visión es a
corto, mediano y largo plazo. El corto plazo implica llevar a la dirigencia
estatal a líderes rectos, capaces y deseosos de servir a los demás; en el
mediano plazo se redireccionarían y se reacondicionarían las estructuras
estatales y el largo plazo daría lugar a la implementación de políticas que
conduzcan a la conformación de un Estado justo en todas sus dimensiones.
Es un imperativo que desde ahora se implementen planes,
programas y proyectos educativos que se encaminen a la formación de buenos
ciudadanos. La nueva mentalidad debe empezar a construirse desde la más
temprana edad. El niño como elemento básico de la sociedad es el primer
objetivo de la educación y la capacitación integral. Los valores éticos, morales
y las buenas costumbres serán la guía de toda actividad educativa. Un camino
diferente es difícil encontrar. Sigámoslo con la seguridad de que llegará el
momento en que la Nación se liberará de la tenebrosa y tiránica minoría.
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