Por: Luís Barrera
Muy grave lo que está pasando en
el Cauca, tras la última escalada terrorista en la que dos carros bombas
destruyeron la subestación eléctrica del ingenio La Cabaña, muy cerca de la
zona franca e industrial y la voladura de media calzada de la carretera
Panamericana sobre un puente en Piendamó.
El terrorismo en este
departamento persigue la extensión del terror para producir una situación de
debilidad del orden político legítimo, que le permita imponer sus criterios por
la fuerza, a costa del atropello de los derechos humanos más elementales, como
son el derecho a la vida y a la libertad. Este fin no puede ser compartido
jamás.
Es por eso que autoridades de los
distintos municipios nortecaucanos, dirigentes, y empresarios sumamente
preocupados hacen un urgente llamado al alto Gobierno para que conjuntamente
con las fuerzas armadas se neutralicen con mayor contundencia y efectividad
estas acciones violentas que siguen creando zozobra, miedo e inestabilidad en la
región.
El terrorismo en el Cauca tiene
el perverso propósito de matar y destruir indistintamente hombres y bienes,
mediante el uso sistemático del terror con una intención ideológica confusa y
compleja de doble moral.
No se pueden cerrar los ojos y subestimar
a otra dolorosa plaga del Cauca actual: el fenómeno del terrorismo, entendido
como el propósito de causar daño y destruir indistintamente personas inocentes,
comunidades indefensas y bienes materiales como la infraestructura eléctrica,
puentes y carreteras, y crear precisamente un clima de terror y de inseguridad,
a menudo incluso con la complicidad de ciudadanos ingenuos. Aun cuando se aduce
incongruentemente como motivación de esta acción inhumana cualquier ideología o
la creación de una sociedad mejor, los actos del terrorismo nunca son
justificables.
En las últimas décadas los caucanos
hemos sido víctimas de una de las peores y abominables conductas violentas: el
terrorismo, que es un hecho expresivo de agresividad que se lo puede ver durante
toda la reciente historia de casi todos los municipios en medio de un conflicto
interno y una guerra sin acabar con sus más variadas formas de expresión y
crueldad.
De persistir esta acción
incontrolable, el terrorismo se constituye así tanto en el ámbito regional como
en el nacional, como en una vía abierta a todo acto violento, degradante e
intimidatorio, y aplicado sin reserva o preocupación moral alguna.
No es, por lo tanto, entenderlo
como una práctica aislada, reciente ni desorganizada pero no por ello
estructurada, que si no se ataja va a desestimular la inversión del sector
privado en la región que con justificada razón ha pegado un grito en el cielo y
está cuestionando severamente que estos hechos ocurran en sus propias narices.
Hay que condenar y rechazar
las acciones terroristas, pues los
bárbaros se asoman a la puerta de las empresas que generan empleo e indirectamente
bienestar en la zona.
No se pueden quedar callados los
dirigentes, autoridades y comunidades de la región ante este fenómeno que se
caracteriza por su violencia indiscriminada, involucrando a víctimas que no
tienen nada que ver con el conflicto causante del acto terrorista; pues, su imprevisibilidad,
puede actuar por sorpresa creando incertidumbre, infundiendo miedo y
paralizando la acción cotidiana de las comunidades; su inmoralidad, como en el
caso de Villarrica produce sufrimiento innecesario, golpeando las áreas más
vulnerables; el ser indirecto, hace que el blanco instrumento sea usado para
atraer la atención y para ejercer coerción sobre la audiencia o un blanco
primario, a través del efecto multiplicador de los medios de comunicación
masivos.
A los actos terroristas debe
responderse no solo por medio de normas jurídicas que contemplen su prevención
y sanción, sino con más inteligencia y sentido común, porque si no, nos tocará
apagar e irnos… o en el mejor de los casos como decía el periodista quilichagueño
Henry Holguín Cubillos, “El que tenga miedo, que se compre un perro”.
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