jueves, 27 de septiembre de 2012

Precluyen investigación contra Sigifredo López y ordenan reparación simbólica


La Fiscalía precluyó la investigación que se adelantaba en contra del exdiputado de Valle del Cauca Sigifredo López, por el secuestro de 12 miembros de ese cuerpo colegiado el 11 de abril del 2002 perpetrado por las Farc y decidió próximamente se efectuará un acto de reparación simbólica en la ciudad de Cali.
El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, afirmó que a ese acto de reparación deberá asistir la Dijin, encabezada por su Director, puesto que la medida de aseguramiento fue tomada con fundamento en peritaje realizado por ese cuerpo investigado. Posteriormente tal estudio fue revaluado y merced al trabajo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se comprobó que fue errado.
“Ha sido una determinación tomada por la Fiscalía luego de que se constató su no intervención en los hechos por los cuales fue investigado. Fue una decisión oficiosa de la Fiscalía”, manifestó el alto funcionario.
La Fiscalía General de la Nación está ofreciendo disculpas a Sigifredo López Tobón por la privación de la libertad de que fue objeto durante varias semanas como consecuencia de la medida de aseguramiento, agregó Montealegre Lynett, quien explicó que según las tendencias planteadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando se violan derechos humanos debe efectuarse una reparación simbólica como el ofrecimiento de disculpas.
El planteamiento, continuó, se basa también en la jurisprudencia nacional que se ha denominado la revolución en la reparación, cuando el Estado aunque no haya cometido un error, con su acción se violentaron derechos humanos y debe repararlos y, además, la Fiscalía tiene la obligación de proteger los valores de la verdad, la justicia y la reparación.

Condena para Valerie Domínguez solicita la Fiscalía

La Fiscalía General pidió hoy al Juez 38 Penal Municipal de Bogotá, con funciones de conocimiento, que la procesada Valerie Domínguez Tarud sea condenada por los delitos de peculado por apropiación en grado de tentativa y falsedad en documento privado, en desarrollo del proceso por la adjudicación irregular de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro, AIS, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
El Fiscal Décimo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, a cargo del caso, indicó que Domínguez Tarud era consciente de lo que hacía y que conocía el objeto y el propósito de los documentos firmados.
Agregó el funcionario judicial, que no fue coaccionada, ni presionada ni obligada mediante un miedo insuperable a firmar documentos para acceder a un subsidio de 306 millones de pesos.
“Era de su saber, querer y entender el objeto del contrato y documentos que firmaba ya que es una empresaria con amplia trayectoria y bagaje cultural lo que hace inentendible que argumente ser víctima de una situación amorosa”, aseveró el fiscal durante sus alegatos de conclusión.

Asegurada por actos sexuales abusivos y pornografía con menores


Al respaldar la petición de la Fiscalía el Juzgado Quinto Penal Municipal de Ibagué, con función de control de garantías, dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Diana Cleotilde Sánchez Campos, por haber incurrido presuntamente en delitos sexuales con su hijo de cuatro años y la hijastra de su tío, de cinco años de edad.
Los hechos ocurrieron en el barrio Ricaurte de la capital del Tolima, entre el 20 de diciembre de 2011 y el 5 de junio de 2012, periodo en el que Sánchez Campos, de 27 años de edad, supuestamente grabó videos de las prácticas sexuales a las que sometía a sus víctimas. Dicho material, según lo establecido, lo comercializaba por internet a Estados Unidos, Holanda y Bolivia.
En diligencias de allanamiento y registro efectuadas en la vivienda de la encartada, las autoridades se incautaron de un computador y comprobantes de consignación provenientes de los mencionados países.
La Fiscalía Quinta Especializada le imputó a Sánchez Campos cargos como supuesta responsable de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado, pornografía con menores y tortura.
La mujer fue aprehendida este martes por agentes de la Sijin en el barrio Terrazas del Tejar y permanece detenida en la cárcel Picaleña de Ibagué.

Muñoz Linares sentenciado a 60 años de prisión por crimen de niños de Arauca

A 60 años de prisión fue sentenciado el subteniente del Ejército Nacional, Raúl Muñoz Linares, quien fue hallado penalmente responsable por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, sucesivo y heterogéneo con acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo.
La Juez 27 Penal del Circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento, al respaldar la petición del Fiscal 51 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH afirmó que la defensa no pudo controvertir las pruebas del ente acusador; en especial las relacionadas con el acceso carnal y la muerte de los tres niños.
Así mismo, la juzgadora sostuvo que el sentenciado no respetó la integridad ni la vida de los menores que estaban en total estado de indefensión, cuando el militar llegó a la casa donde vivían con su padre.
“Muñoz Linares se aprovechó de su investidura de militar para cometer el ilícito”, aseveró la funcionaria judicial durante la lectura del fallo y agregó que fue un ataque sexual y no un crimen pasional como pretendió mostrarlo la defensa.

Investigaciones

En su decisión la Juez 27 señaló que el condenado no tiene derecho a ningún mecanismo sustitutivo y deberá purgar la totalidad de la pena en la cárcel, además, ordenó la compulsa de copias en contra de los testigos de la defensa Stiven Florido Vega, Freddy Alexis Caballero y Lenny Pallares Martinez.
También solicitó a la Procuraduría General de la Nación abrir investigación disciplinaria en contra del general Javier Fernández Leal y del comandante de la Brigada Móvil No.5, por omisión, al no atender las denuncias de la comunidad sobre la desaparición de los tres menores, según los hechos ocurridos el 15 y el 16 de octubre de 2010.
Pidió a la Fiscalía investigar el acceso carnal violento del que fue víctima el menor de 9 años, delito que no fue tratado en el proceso. De la misma manera, solicitó tanto a la Fiscalía como a la Procuraduría investigar penal y disciplinariamente, por la presunta fuga de información, al asesor jurídico de la Brigada 18, al encargado de recibir las declaraciones judiciales en esa misma unidad militar con sede en Arauca para agosto de 2011.
Durante el proceso la Fiscalía demostró que el subteniente fue el autor del hecho, 14 de octubre de 2010, en el que perdieron la vida los menores Yenny Torres Jaimes, de 14 años de edad, y sus hermanos Jimmy Ferney y Jefferson Giovany, de 6 y 9 años de edad, respectivamente, en Caño Temblador, zona rural de Tame (Arauca).
El sentenciado cumplirá la pena en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá y su defensa apeló la decisión.

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