La Fiscalía precluyó la
investigación que se adelantaba en contra del exdiputado de Valle del Cauca
Sigifredo López, por el secuestro de 12 miembros de ese cuerpo colegiado el 11
de abril del 2002 perpetrado por las Farc y decidió próximamente se efectuará
un acto de reparación simbólica en la ciudad de Cali.
El Fiscal General de la Nación,
Eduardo Montealegre Lynett, afirmó que a ese acto de reparación deberá asistir
la Dijin, encabezada por su Director, puesto que la medida de aseguramiento fue
tomada con fundamento en peritaje realizado por ese cuerpo investigado.
Posteriormente tal estudio fue revaluado y merced al trabajo del Cuerpo Técnico
de Investigación (CTI) se comprobó que fue errado.
“Ha sido una determinación tomada
por la Fiscalía luego de que se constató su no intervención en los hechos por
los cuales fue investigado. Fue una decisión oficiosa de la Fiscalía”,
manifestó el alto funcionario.
La Fiscalía General de la Nación
está ofreciendo disculpas a Sigifredo López Tobón por la privación de la
libertad de que fue objeto durante varias semanas como consecuencia de la
medida de aseguramiento, agregó Montealegre Lynett, quien explicó que según las
tendencias planteadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando
se violan derechos humanos debe efectuarse una reparación simbólica como el
ofrecimiento de disculpas.
El planteamiento, continuó, se
basa también en la jurisprudencia nacional que se ha denominado la revolución
en la reparación, cuando el Estado aunque no haya cometido un error, con su
acción se violentaron derechos humanos y debe repararlos y, además, la Fiscalía
tiene la obligación de proteger los valores de la verdad, la justicia y la
reparación.
Condena para
Valerie Domínguez solicita la Fiscalía
La Fiscalía General pidió hoy al
Juez 38 Penal Municipal de Bogotá, con funciones de conocimiento, que la
procesada Valerie Domínguez Tarud sea condenada por los delitos de peculado por
apropiación en grado de tentativa y falsedad en documento privado, en
desarrollo del proceso por la adjudicación irregular de subsidios del programa
Agro Ingreso Seguro, AIS, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
El Fiscal Décimo Delegado ante la
Corte Suprema de Justicia, a cargo del caso, indicó que Domínguez Tarud era
consciente de lo que hacía y que conocía el objeto y el propósito de los
documentos firmados.
Agregó el funcionario judicial,
que no fue coaccionada, ni presionada ni obligada mediante un miedo insuperable
a firmar documentos para acceder a un subsidio de 306 millones de pesos.
“Era de su saber, querer y
entender el objeto del contrato y documentos que firmaba ya que es una
empresaria con amplia trayectoria y bagaje cultural lo que hace inentendible
que argumente ser víctima de una situación amorosa”, aseveró el fiscal durante
sus alegatos de conclusión.
Asegurada por actos
sexuales abusivos y pornografía con menores
Al respaldar la petición de la
Fiscalía el Juzgado Quinto Penal Municipal de Ibagué, con función de control de
garantías, dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de
Diana Cleotilde Sánchez Campos, por haber incurrido presuntamente en delitos
sexuales con su hijo de cuatro años y la hijastra de su tío, de cinco años de
edad.
Los hechos ocurrieron en el
barrio Ricaurte de la capital del Tolima, entre el 20 de diciembre de 2011 y el
5 de junio de 2012, periodo en el que Sánchez Campos, de 27 años de edad,
supuestamente grabó videos de las prácticas sexuales a las que sometía a sus
víctimas. Dicho material, según lo establecido, lo comercializaba por internet
a Estados Unidos, Holanda y Bolivia.
En diligencias de allanamiento y
registro efectuadas en la vivienda de la encartada, las autoridades se incautaron
de un computador y comprobantes de consignación provenientes de los mencionados
países.
La Fiscalía Quinta Especializada
le imputó a Sánchez Campos cargos como supuesta responsable de acceso carnal
abusivo con menor de 14 años agravado, actos sexuales abusivos con menor de 14
años agravado, pornografía con menores y tortura.
La mujer fue aprehendida este
martes por agentes de la Sijin en el barrio Terrazas del Tejar y permanece
detenida en la cárcel Picaleña de Ibagué.
Muñoz Linares
sentenciado a 60 años de prisión por crimen de niños de Arauca
A 60 años de prisión fue
sentenciado el subteniente del Ejército Nacional, Raúl Muñoz Linares, quien fue
hallado penalmente responsable por los delitos de homicidio agravado en
concurso homogéneo, sucesivo y heterogéneo con acceso carnal violento agravado
en concurso homogéneo.
La Juez 27 Penal del Circuito de
Bogotá, con funciones de conocimiento, al respaldar la petición del Fiscal 51
de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH afirmó que la defensa no pudo
controvertir las pruebas del ente acusador; en especial las relacionadas con el
acceso carnal y la muerte de los tres niños.
Así mismo, la juzgadora sostuvo
que el sentenciado no respetó la integridad ni la vida de los menores que
estaban en total estado de indefensión, cuando el militar llegó a la casa donde
vivían con su padre.
“Muñoz Linares se aprovechó de su
investidura de militar para cometer el ilícito”, aseveró la funcionaria
judicial durante la lectura del fallo y agregó que fue un ataque sexual y no un
crimen pasional como pretendió mostrarlo la defensa.
Investigaciones
En su decisión la Juez 27 señaló
que el condenado no tiene derecho a ningún mecanismo sustitutivo y deberá
purgar la totalidad de la pena en la cárcel, además, ordenó la compulsa de
copias en contra de los testigos de la defensa Stiven Florido Vega, Freddy
Alexis Caballero y Lenny Pallares Martinez.
También solicitó a la
Procuraduría General de la Nación abrir investigación disciplinaria en contra
del general Javier Fernández Leal y del comandante de la Brigada Móvil No.5,
por omisión, al no atender las denuncias de la comunidad sobre la desaparición
de los tres menores, según los hechos ocurridos el 15 y el 16 de octubre de
2010.
Pidió a la Fiscalía investigar el
acceso carnal violento del que fue víctima el menor de 9 años, delito que no
fue tratado en el proceso. De la misma manera, solicitó tanto a la Fiscalía
como a la Procuraduría investigar penal y disciplinariamente, por la presunta
fuga de información, al asesor jurídico de la Brigada 18, al encargado de recibir
las declaraciones judiciales en esa misma unidad militar con sede en Arauca
para agosto de 2011.
Durante el proceso la Fiscalía
demostró que el subteniente fue el autor del hecho, 14 de octubre de 2010, en
el que perdieron la vida los menores Yenny Torres Jaimes, de 14 años de edad, y
sus hermanos Jimmy Ferney y Jefferson Giovany, de 6 y 9 años de edad,
respectivamente, en Caño Temblador, zona rural de Tame (Arauca).
El sentenciado cumplirá la pena
en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá y su defensa apeló la decisión.
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