Por: Luis Barrera
Si hay alguna región en el
territorio nacional en donde la paz deba nacer para reconciliar y emprender
caminos de progreso y bienestar entre sus habitantes es en el departamento del
Cauca.
Es un hecho que el mapa de la
guerra y la paz en el Cauca ha sufrido grandes transformaciones en los últimos
años producto de las contradicciones sociales, los errores políticos, los
conflictos culturales y las políticas gubernamentales.
Al día de hoy, y tras casi 50
años de conflicto, ni el Estado ni los grupos armados han conseguido sus
objetivos. Además, la normalización de las prácticas violentas ha llevado a la
transformación del sistema económico del país y a la militarización de la
sociedad con los grupos paramilitares como nuevos actores, que pese a un
intento de desmovilización dio origen a otras bandas criminales iguales o peores.
Pese a todo, en la sociedad civil
colombiana, la principal víctima del conflicto armado, siguen surgiendo
iniciativas esperanzadoras que buscan el final de la violencia y que crean una
dinámica que podría ser germen de integración social.
En ese mismo sentido y casi que
pensando con las ganas de la inmensa mayoría de los caucanos y colombianos, el
gobierno del presidente Santos ha iniciado un proceso de diálogo con las Farc
con mucha prudencia en el exterior y cuyas exploraciones reales se sabrán
cautelosamente en los próximos días.
Este anuncio ha hecho crecer el
optimismo y el sueño de vivir en paz en Colombia y buscarle una salida
definitiva, seria y responsable al conflicto interno que desangra la nación y
tiene en vilo al Cauca.
Cuando se requiere una mirada de
larga duración, que permitía ubicar los hechos puntuales de la coyuntura actual
de los diálogos con el grupo rebelde de las Farc, en una perspectiva más amplia
de tiempo, es preciso analizar la realidad actual del Cauca y de Colombia, por
lo menos en dos sentidos: desde la ya larga historia, de casi tres décadas, de
protestas y negociaciones con los movimientos indígenas, sociales, campesinos,
afros y mineros, como la posibilidad de construir la paz en el largo plazo,
teniendo en cuenta las exigencias y tareas que se supone transformar la
convivencia en esta región y el resto del país.
La sociedad civil, incluyendo el
sector privado y empresarial, es un elemento clave en el desarrollo de los
diálogos de paz; por lo tanto, su presencia debe ser activa y constante, cuando
los términos de un proceso de reconciliación se establezcan oficialmente.
Un análisis hace pensar que las
negociaciones con la insurgencia puedan tener alternativa, si se ponen en práctica
algunas lecciones que nos dejan los procesos anteriores en el caso colombiano.
Una de ellas es tener en cuenta
que la paz es un asunto político, que no se puede reducir a lo militar. Por lo
político se entiende la capacidad de una sociedad para lograr consensos entre
la clase dirigente y los voceros de los distintos movimientos y partidos
políticos que permitan llegar a metas comunes, socialmente benéficas que se expresan
en un modelo de sociedad y responden positivamente a los principales problemas
que afectan a la región caucana y el país entero.
Por lo tanto, no basta una paz
elitista, negociada entre el gobierno y la guerrilla en el exterior pero que es
incapaz de integrar en el proceso a todo movimiento social que apunta a
construir una sociedad sin exclusiones. Solo se podrá avanzar en la
construcción de la paz en este país si se cuenta con un amplio respaldo popular
que avale las reformas necesarias.
Y es por eso que dadas las
complejas y variadas situaciones sociales y políticas del Cauca, la paz podrá
nacer desde el Cauca, como un viable laboratorio de convivencia en donde la paz
sea un tema recurrente en la discusión de la política caucana y nacional.
Uno de los grandes escollos a
superar en las actuales negociaciones entre las comunidades indígenas,
autoridades y gobierno nacional es precisamente la falta de una confiable
credibilidad en el cumplimiento de los pactos y acuerdos, además del control y
respeto de los territorios.
Como en todas las guerras, en el
Cauca el control de territorios por los grupos armados se ha realizado a costa
de la población civil. La expansión de focos guerrilleros se ha basado en el
cumplimiento de funciones de actualidad local y control armado de la población,
que las organizaciones insurgentes justifican por sus necesidades de defensa.
Al indígena o al campesino se le
exige lealtad y colaboración, y se penaliza la sospecha de favorecer al
enemigo. Las comunidades que habitan áreas de circulación subversiva reciben un
trato semejante de la fuerza pública, porque sus mandos sospechan de su
colaboración con las guerrillas.
La concepción del enemigo militar,
un grupo indefinido de supuestos auxiliadores, colaboradores o guerrilleros de
civil, incluye potencialmente a todos los habitantes como objetivo de la guerra
y es esto lo que incomoda a las comunidades por estar en medio del conflicto.
Recordemos no más cómo las
campañas militares de la autodefensas habían escogido como táctica la
realización de masacres ejemplarizantes, en muchos casos campesinos, a quienes
se acusaban de colaboradores de la guerrilla. El éxodo inicial y el retorno
parcial de los pobladores permitieron capitalizar el terror para imponer nuevas
condiciones de subordinación sobre aquellas que deciden permanecer.
Sin embargo hay optimismo y
confianza en el Cauca esta vez por el Gobierno del presidente Santos con el desarrollado
de esta nueva iniciativa de paz, circunscrita en la búsqueda de soluciones
políticas al conflicto armado por la vía de negociación.
No obstante, la persistencia y
agudización del conflicto armado, con el surgimiento y consolidación de nuevos
actores como las ‘bacrim’, los narcotraficantes y la delincuencia común,
indican la necesidad de ampliar la cobertura de las propuestas de paz,
involucrando las violencias de carácter estructural de la sociedad colombiana
tales como el desempleo, la inversión de temas agrarios, la reforma agraria
etc. Estas circunstancias redefinen el papel del estado frente a las propuestas
de paz, y posibilitan una mayor participación de la sociedad civil.
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