Retirarían de Justicia y Paz al paramilitar Armando Lugo, alias El Cabezón, por mentiroso.

La Fiscalía General solicitó este martes en Popayán audiencia para formular imputación y solicitar medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Armando Lugo, alias El Cabezón, en desarrollo de la investigación que se adelanta por el denominado ´Carrusel de falsos testigos´. Así mismo, la Fiscalía solicitará a los jueces la exclusión de esa persona de los beneficios previstos en el proceso de Justicia y Paz, porque habría cometido delitos de falso testimonio y fraude procesal, después de desmovilización.

A Lugo, desmovilizado del “Bloque Calima” de las autodefensas, la Fiscalía le imputará cargos por su presunta responsabilidad en los delitos en los que presumiblemente incurrió al señalar en 2007 al senador Luis Fernando Velasco como supuesto determinador de dos homicidios en el Cauca, caso en el cual la Corte Suprema de Justicia decidió que no procedía la apertura del proceso y profirió un inhibitorio.

Armando Lugo también se hizo conocer porque según la Fiscalía existen evidencias de que habría rendido falsos testimonios en diferentes procesos entre los cuales estaría incluido el intento –extorsivo, según algunos testimonios- de vincular a personajes como el actual secretario de gobierno del municipio de Santander de Quilichao y exalcalde Ricardo Cifuentes y a la excongresista Emith Montilla en la comisión de supuestos delitos, oportunamente desmentidos, y la vinculación al excongresista Juan Carlos Martínez con el narcotráfico.

Alias El Cabezón es procesado también por, presuntamente, extorsionar a la senadora Dilian Francisca Toro a cambio de no testificar contra ella en la ‘parapolítica’.

Armando Lugo, inició sus contactos con los paramilitares en el año 2000 siendo voluntario de la Defensa Civil en Santander de Quilichao, Cauca. En 2013 cumplirá 8 años de prisión como partícipe que fue de la masacre del Naya y condenado a 18 meses por extorsionar al senador Luis Fernando Velasco.

Una vez le sea decretada su exclusión de Justicia y Paz, “El Cabezón” perdería todas las penas alternativas y por consiguiente las que afrontaría no serían de ocho años de prisión, como máxima de pena alternativa, sino que se sometería a las penas normales, que por graves violaciones a los derechos humanos pueden llegar a superar en muchos casos los 40 o los 50 años de prisión.