Por Coronel Gentil Almario Vieda
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Toda Colombia, su presidente, el pueblo, los medios de comunicación, los poderes del Estado saben que las Fuerzas Militares enfrentan una guerra sin protección jurídica y que la Justicia que los destroza está en manos del enemigo y sus secuaces, con muy contadas excepciones.
El tema se ha tratado a regañadientes y con sordina en la televisión, la radio y la prensa escrita, intentando farisaicamente jugar a todas las bandas al publicar lo que dicen y escriben quienes no comulgan con el estado de cosas que están haciendo que el país recaiga en poder de los terroristas de las FARC y el ELN.
Debe tomarse conciencia de la apología que por la mayoría de los medios se hace a los bandidos, el despliegue que se da a los agentes de los terroristas, secuestradores y narcotraficantes. El apoyo que esos medios dan a miembros de las FARC y el ELN cuando abierta y descaradamente arengan a los delincuentes alentándolos en contra del Ejército y del gobierno con el argumento de que todo el mundo es libre de decir lo que quiera.
No pretendo enumerar la cantidad de afrentas, injusticias y desafueros de que son víctimas los militares y que conoce la opinión pública, como son las condenas con testigos falsos o comprados y en general fabricadas por fiscales y jueces siguiendo consignas manchadas con ideologías políticas contrarias a los principios que defienden las Fuerzas del Orden en cumplimiento de la Constitución Nacional.
Es sabido también que el sistema operacional del Ejército ha sido intervenido en forma tendenciosa y absurda de manera tal que se favorece al terrorista y se vulnera la protección legal del combatiente que lucha por la integridad del Estado. Es conocido que el Comando General de las Fuerzas Militares con la presión y auspicios de un genio que fue viceministro de Defensa estableció un compendio de normas que se llamó pomposamente “REGLAMENTO JURÍDICO OPERACIONAL” que deben cumplir como guía las fuerzas en combate y que atentan contra el soldado en su integridad y favorecen escandalosamente al bandolero.
Solo me referiré a una de esas monstruosidades que consiste en que en acciones de combate el soldado no puede disparar su arma contra su enemigo sino hasta cuando el bandido lo haya hecho contra él. Esto solo tiene una manera de entenderlo: debe dejarse matar.
Este demoníaco mamotreto no tiene antecedentes en Colombia ni en ningún ejército del mundo. Fue producto de presiones de organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional y otros engendros en su condición de ONG, favorecedoras de los derechos humanos de los terroristas. Es oportuno recordar que el militar colombiano no tiene derechos humanos.
¿Quién en estas circunstancias, adobadas con otras de igual estupidez, que están en plena vigencia, querrá entrar en combate a sabiendas de que el Estado no le brinda la más mínima seguridad jurídica?
¿O es que alguien se imagina que el militar no piensa y no ve lo que jurídicamente se está haciendo con él poniéndolo ante la alternativa de su sacrificio o su ingreso a La Picota?
Se dice en diversas formas y con palabras diferentes que la Fuerza Pública está desmoralizada y que es una de las causas por las cuales la Seguridad Democrática está en retroceso.
El presidente de la República ha dicho que hablar de desmoralización del Estamento Militar es una afrenta. Cambiémosle el nombre y digamos entonces que no están desmoralizadas sino desmotivadas que a la postre es lo mismo.
A pesar de lo dicho tenemos la convicción de que las Fuerzas Militares están combatiendo a pesar de todo y están mostrando resultados. Si hubiera la honestidad política y jurídica indispensables para dar la mencionada protección jurídica al combatiente la guerra ya hubiera terminado y otra sería la historia.
La guerra no se gana sin el respaldo de toda Colombia y Colombia es el Pueblo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Desafortunadamente da la impresión de que cada uno de ellos anda por su lado. No existe como Objetivo Nacional ganar la guerra. Todos los argumentos que se esgrimen al respecto son para favorecer y apoyar a los terroristas enemigos del Estado en el logro del objetivo fundamental que no han logrado, de quebrar la voluntad de lucha de sus Fuerzas Militares.
Todo esto es sabido ampliamente. También se sabe cuál es el remedio. Entonces ¿por qué se hacen los locos quienes tienen la obligación moral y legal de poner coto a tamaña injusticia en lugar de todos los días quejarse como las vírgenes necias a sabiendas del mal que están haciendo al país en el orden social, económico y moral?
