LO DE LA HAYA, HISTÓRICO DESCALABRO

JOSE LÓPEZ HURTADO *

joselopezhurtado13@yahoo.es

Al presidente Santos y a su canciller Holguín, les tocó terminar el baile "con la más fea”, porque cuando llegaron al gobierno ya prácticamente todo estaba resuelto, en contra de los intereses y de la integridad territorial de Colombia.

De ahí hacia adelante por más pronunciamientos, comisiones y reuniones que se hicieran, -algunas de ellas llenas de los más absurdos despropósitos, que desnudó el clima de zozobra e improvisación que se apoderó de las autoridades-, en nada iba a cambiar el contenido del absurdo fallo, que como cualquier vulgar atraco a plena luz del día, desmembró el territorio colombiano en más de 75.000 Kms².

Lo de la junta de abogados notables para estudiar (¡!) los alcances de la sentencia, nacida muerta a la luz de los hechos, el propio pronunciamiento de retiro del Pacto de Bogotá, y los anuncios de la eventual declaratoria de emergencia económica para atender, a última hora, los reclamos de la población raizal, la principal afectada, resultaron, como se esperaba, medidas inocuas e irrelevantes.

Generosamente algunos medios colombianos destacaron en sus páginas editoriales, una de nuestras opiniones cuando indicamos que el descalabro estaba consumado, que no habría responsables, como no los ha habido hasta ahora frente a la pérdida en dos siglos de un millón de kilómetros cuadrados del territorio nacional, y que esa era la herencia para las presentes y nuevas generaciones. Triste situación, para los colombianos de a pie, sin otra herramienta de protesta que la de su voz indignada frente al atropello impune, pero que comienzan a exigir un juicio político para establecer responsabilidades y culpables en esta tragedia histórica.

Algún acertado comentarista indicaba que en el fondo de todo yacía como explicación de la debacle, las políticas centralistas y excluyentes, que siempre habían mirado con desdén y desprecio a los territorios insulares alejados de la metrópoli, incluidos los Llanos, Arauca, Casanare, Cauca, Nariño etc., muy lejos de las querencias y preocupaciones de la secular élite santafereña en el poder.

Es probable que esa sea una de las explicaciones, pero hay que agregar que en el asunto, también parece haber existido negligencia, desinterés, falta de profesionalismo, y un verdadero amor y apego por este terruño privilegiado que enseñaban los libros de geografía y los Atlas del mundo, pero de cuya riqueza sigue siendo despojado olímpicamente.

Nuestra propuesta, formulada a la luz de ciertos principios de orden constitucional, que mereció el respaldo aislado de algunas voces muy autorizadas del foro y la academia, y que pretendía que se convocara por parte del Presidente a un referendo para que fuera el pueblo, como Constituyente primario que lo autorizara para desacatar la absurda sentencia, creemos que sigue siendo válida. Sólo que debe convertirse en un gran propósito nacional.

Lo de acudir a la ONU y a la OEA, es seguir sometiendo al arbitrio de intereses políticos foráneos nuestro más caro patrimonio territorial.

* Analista Internacional, colombiano.

AL OCCIDENTE ES EL DERECHO

JOSE LOPEZ HURTADO*

joselopezhurtado13@yahoo.es

El largo proceso judicial que inició Nicaragua contra Colombia en 2001, por la delimitación marítima en el Caribe, por fin terminará ésta semana cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, profiera sentencia definitiva, de carácter inapelable, cerrando así un capítulo tormentoso de la geopolítica latinoamericana, que alcanzó uno de sus puntos álgidos en 1969, cuando el gobierno de la nación centroamericana otorgó concesiones de exploración petrolera a varias multinacionales como la Unión Oíl, Mobil Oíl, Shell y Chevron, más allá del Meridiano 82, línea limítrofe natural, más no marítima, entre los dos países.

Lo que se define es la soberanía sobre las formaciones insulares del archipiélago, vale decir sobre los Cayos Roncador, Quita-sueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Alburquerque y los Cayos Este-Sudeste, superficie rica en petróleo y en infinitos recursos marítimos naturales.

Ya el Alto Tribunal en fallo de 2007 se pronunció sobre la validez y vigencia del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, reafirmando la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, y declarando su propia competencia para conocer del litigio supérstite. La decisión fue terminante, pues, en dejar sin ningún piso la exótica declaración de la Junta de Gobierno Sandinista del 4 de febrero de 1980, que declaró "nulo" el tratado, en contravía a todas las prácticas reconocidas del derecho internacional público.

Colombia a través de sus representantes enfatizó en el ejercicio público, pacífico e ininterrumpido de soberanía sobre los cayos desde tiempos inmemoriales y en su petición de que la frontera marítima debía ser una línea media trazada en las costas de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al occidente del archipiélago colombiano. Lo cual se compadece en el fondo, con la aplicación del Principio de Utis Possedetis Iuris ("Un Paraíso en Peligro", de José López Hurtado, diario "El Mundo", Caracas, 20 agosto de 2012), de profunda raigambre latinoamericanista, como norma no escrita, pero aceptada universalmente, desde Simón Bolívar, uno de sus propulsores, cuando fue oficialmente incluida en el Congreso de Angostura de 1819, y mantenida en las cartas constitucionales hasta la actualidad.

La propia Corte Internacional de Justicia, ha aplicado el principio, sin excepciones importantes, como con la disolución de Yugoslavia, la propia ex-Unión Soviética, y recientemente , a través de la célebre sentencia de 1986, en el asunto de Burkina-Fasso-Mali. Por su parte, Nicaragua, plantea, sin mayores argumentos, extraoficialmente, sólo los de corte político, al denunciar históricamente el "expansionismo" y la "geofagia" colombianas-, que sus derechos en el Caribe se extienden hasta la delimitación de una plataforma continental extendida, a menos de 100 millas de Cartagena, y que a las islas colombianas se les reduzca el mar territorial a 12 millas y a los cayos, de tres millas, pretendiendo englobar así más de 90.000 Kms².

No existe absolutamente ningún motivo, ni material, ni jurídico, que permita pensar que el Alto Tribunal, en este caso, variará un ápice su propia jurisprudencia, en la aplicación del principio consuetudinario, que ya tiene personalidad propia en el mundo del derecho internacional público, y que se sustenta, dicen los especialistas, en la estabilidad de las fronteras de las naciones, postulado fundamental para su integridad física y política, y para su propia supervivencia institucional.

Tejen demasiado fino quienes piensan que eventualmente la CIJ, puede acudir en su pronunciamiento a la "equidad infra legem", o sea a la letra menuda del Tratado del 24 de marzo de 1928, Esguerra-Bárcenas, cuando al reconocerse la soberanía de las Islas mayores, señala: "...en la inteligencia de que el Archipiélago de San Andrés que se menciona en la cláusula 1a. del Tratado, no se extiende al occidente del meridiano 82° de Greenwich...", cláusula que no fue objetada en su momento por Colombia cuando se incluyó en el instrumento de ratificación. Por lo tanto, técnicamente no existen fallos salomónicos, ni en el derecho interno, ni mucho menos en el internacional, en creciente formación.

*Analista Internacional, Colombia

FONDOS “BUITRE”, OPERACIONES DE CARROÑA

JOSE LOPEZ HURTADO*

joselopezhurtado13@yahoo.es

Los negocios carecen de corazón, y por su propia dinámica de utilidad perversa, algunos suelen desarrollarse en un mundo sórdido de complicidades y de silencios criminales de personas y gobiernos.

La crisis de la deuda externa de la década de los 80*, envenenó las arterias de la economía de los países latinoamericanos y retrasó su desarrollo. Lo más dramático que alcanzó a decirse entonces, era que los niños ya no nacían con el pan bajo el brazo, sino con muchos dólares de deuda.

Poco o nada se sabía de una letal mescolanza de intrigas, deslealtades y truculentas jugadas políticas y jurídicas, que despedían su pestilente olor en las mas encumbradas oficinas del poder político, y en las salas de audiencia de algunos tribunales internacionales.

Apenas ahora, a raíz del embargo de la fragata-escuela Libertad de propiedad argentina, - lo que bien pudo haberle ocurrido a otro país, o que potencialmente puede suceder en cualquiera -, quedó al descubierto la diabólica conspiración contra las naciones mas pobres o en vías de desarrollo.

Los fondos "buitre" están ahí a la sigilosa espera, como ladrón asechando a su víctima, para asestar el zarpazo y engullir literalmente el futuro de generaciones enteras.

Para el grueso público, cuando se trata de operaciones con dineros privados, el asunto pasa desapercibido y oculto, que no debería serlo, con mayor razón, cuando están en juego las finanzas públicas, es decir el dinero de todos. El proceso es tan perverso como depositar dineros públicos en sociedades captadoras de ahorro inexistentes o en franco proceso de liquidación, pero aún mas.

Los también llamados fondos de "deuda triste", por las gracias de la globalización, han irrumpido pues en el "libre mercado", en el que no existen diferencias entre una compañía irresponsable y una nación indigente y empobrecida, y corresponden a un fondo de capital de riesgo que invierte en una deuda pública de un Estado que se considera débil o cercano a la quiebra, o al "default", según el término de los especialistas. Es decir, son organizaciones de inversores especulativos, que salen a comprar títulos de deuda de países con problemas de cumplimiento de sus obligaciones, cuando dichos documentos se cotizan mas abajo de su valor nominal en las bolsas que los negocian.

Como tienen capitales para especular, sólo esperan que aumente su cotización, y si el Estado emisor se declara en "default”, no aceptan ningún canje, ni ninguna transacción, sólo la que ellos impongan, procediendo a la demanda ante los jueces internacionales, por el valor del pago nominal, más los intereses.

Sobrevienen así las medidas cautelares y embargos, sobre los bienes públicos como el reciente caso de Argentina. Según el FMI son ocho Fondos los que persiguen a naciones altamente endeudadas como Congo, Camerún y Uganda, entre otras.

El negocio es simple: comprar bien barato, para agazaparse a la espera de condiciones favorables para presionar los pagos, por deudas exorbitantes, por lo que esos fondos tienen abogados en muchas partes del mundo rastreando activos de sus deudores.

Bancos y gobiernos, a veces, participan del negocio, amparados por laxas legislaciones. Cerberus Capital Management, en Estados Unidos, Arques Industries en Alemania, el Banco de Inversiones Nomura en Japón o la británica tristemente célebre Donegel International, forman parte de los llamados piratas financieros del siglo XXI.

Así que mientras continúen las prácticas ilícitas de éstos conglomerados financieros, cualquier patrimonio de las naciones involucradas, puede ser rehén de las disputas legales y diplomáticas, y ver hipotecado su propio futuro.

* Analista Internacional, colombiano.

"Latinoamérica: Su Deuda externa". Autor: José López Hurtado. Edit. Ecoe Ediciones .1982.Bogota.D.C.

"MACHERA" DE MUJER

JOSE LÓPEZ HURTADO*

joselopezhurtado13@yahoo.es

El Concejo Municipal de Támesis, Antioquia, en el noroccidente colombiano, en una actitud que enaltece a sus miembros, acaba de promulgar un Acuerdo mediante el cual (pretende): ..."Institucionalizar y promover la defensa constitucional del medio ambiente", disponiendo, además, la revisión de los actos administrativos de todas las entidades, incluidas las del orden nacional, que hayan otorgado permisos ambientales o licencias de concesión minera para exploración o explotación de recursos naturales en su territorio.

La disposición, al declarar la municipalidad Zona de Protección Especial y de prohibir cualquier clase de explotación y exploración, se apoya en la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría General de la Nación, como órganos de auditoria e inspección.

El pronunciamiento del cuerpo colegiado se produjo días antes de que Sandra Morelli, la valiente Contralora General de la República de Colombia, denunciara las graves anomalías en las que han incurrido la multinacional anglo-australiana BHP Billinton, propietaria de Cerro Matoso, la que ha tenido por espacio de 30 años la titularidad de la concesión, según los especialistas, una de las mas grandes minas de explotación de níquel a cielo abierto en América Latina.

En vísperas de expirar el plazo concedido a la multinacional para la explotación, Morelli ha señalado que la empresa adquirió en principio unos permisos ambientales apoyada en una ley que fue declarada posteriormente inconstitucional, por lo que no es viable una prórroga del contrato en esas mismas condiciones jurídicas. Además de señalar que Cerro Matoso, ha incumplido permanentemente en materia ambiental y en las prevenciones de salud pública, ya que su despacho ha verificado la contaminación de fuentes de agua con residuos cancerígenos, colocando en grave riesgo a las poblaciones cercanas al complejo. Sin mencionar, lo menos importante en nuestra opinión, el hecho, según la denuncia de la funcionaria, de que Cerro Matoso, ha dejado de girar por concepto de regalías una suma superior a 62.000 millones de pesos, y a la existencia de paraísos fiscales en donde se encuentran gran parte de los recursos. Ese sería el mal de los menores, si se compara con la expoliación criminal del medio ambiente y la salud de las personas.

Es así que ante lo inevitable, dicen los expertos, ése contrato no puede ser prorrogado, sino que, por lo contrario, sus términos deben ser re-negociados o, como lo exigen al gobierno organizaciones de ciudadanos vecinos del lugar, se disponga la apertura de convocatorias públicas para que otras empresas accedan a la concesión. O en el último de los casos, que la Nación asuma directamente el manejo de la empresa, con la adopción amplia de una agenda social que reivindique en algo los destrozos causados al entorno y a las poblaciones circunvecinas.

Se espera que la vigilancia permanente de la Contraloría General de la República sea, como lo está haciendo, un muro de contención a la arrogancia criminal de algunas multinacionales que ya han puesto sus ojos sobre los santuarios de Santurbán, fuente hídrica, forestal y de biodiversidad, sobre el mismo proyecto de El Quimbo, y sobre la propia riqueza biológica y natural del Macizo Colombiano, amenazada por cerca de 1.380 solicitudes para explotación minera por parte de AngloGold Ashanti, Continental Gold, Carboandes, entre otras. Pero que también esa actitud sea asumida, finalmente, por otras entidades de control ambiental, las que sinceramente están en deuda con el medio ambiente, por lo tanto con el inmediato futuro del planeta, y con nuestra propia supervivencia.

* Analista Internacional, colombiano.

MANTENER LA CHUSMA A RAYA

JOSE LÓPEZ HURTADO*

joselopezhurtado13@yahoo.es

Incursionar en la abundante literatura ecológica es una experiencia francamente sorprendente, no sólo por la cantidad de información que se desconoce por parte del ciudadano de a pie, como por las estrechas relaciones de ésta disciplina con otras, que al final lo que muestra es cómo se ha maltratado al planeta, y de qué manera se sigue atentando contra las riquezas naturales de manera absurda e irracional.

Que para que cualquier hijo de vecino pueda ostentar un anillo de 2 o 3 gramos de oro, haya sido necesario dinamitar y triturar media tonelada de roca, y se haya utilizado millones de litros de agua, a la que se contamina generalmente con cianuro, de manera permanente, resulta francamente dramático y perverso.

Por eso las voces de protesta, que cada vez se alzan con mayor intensidad a lo largo de América Latina y el Caribe, pues las grandes empresas de minería internacional que tuvieron que salir de sus países de origen por los rígidos controles ambientales e impositivos, miraron a ésta región como el gran destino de la década para sus proyectos y atentados contra el medio ambiente, al contar con la criminal complicidad de algunos gobiernos.

Argentina, por sus ricas minas de oro y cobre de Catamarca y los más de 5000 Kilómetros de cordillera, montañas y ríos entre Jujuy y Santa Cruz, es asiento de cerca de 20 proyectos de minería, sin contar con los que se desarrollan en San Juan, Chubut, Rio Negro, Neuquen, etc, que ha prendido las alarmas de las organizaciones defensoras de los recursos naturales.

El grupo BBVA, Repsol-YPF, se han señalado como los grandes depredadores del medio ambiente, las riquezas no renovables, la supervivencia de los pueblos indígenas y el mismo derecho internacional. Igual en Perú, en donde las empresas multinacionales destruyen los recursos hídricos de la selva central, por la construcción de 3 centrales hidroeléctricas, proyectos entregados a la brasilera Electrobras, con una inversión de 6 mil millones de dólares, los cuales afectarían la producción agrícola y la escasa alimentación de los habitantes de la zona inundada (Puerto Prado, el asentamiento indígena de los Ashaninkas), destruyendo, además, bosques vírgenes.

Así mismo, son conocidos los movimientos indígenas de defensa del medio ambiente en Bolivia, que ha socavado el apoyo popular del gobierno de Evo Morales, en particular por el proyecto del Parque Machía, entre otros, que afectaría el ecosistema, asentamientos humanos ancestrales y la propia población animal de monos, tejares, felinos, osos y algunas especies sólo existentes en la región.

En Colombia, el proyecto El Quimbo, a cargo de la multinacional Endesa, con un costo de 14.000 millones de dólares, inundaría más de 7 mil hectáreas de suelos productivos, afectaría a más de 20.000 personas, y según los especialistas, convertiría en un desierto el delta del Río Magdalena, una de las arterias emblemáticas del país.

Hace poco Noam Chomsky, profesor emérito del MIT(Instituto Tecnológico de Massachusetts), y según The New York Times, "probablemente el intelectual vivo mas importante del siglo XXI", arremetió contra la minería desbordada que coloca en grave riesgo el ecosistema de ésta rica región, particularmente del llamado Macizo Colombiano.

Los multimillonarios recursos que estas empresas emplean para "limpiar" sus operaciones y disminuir sus nefastas consecuencias, como efectiva estrategia sobre la población vulnerable, a través de la presunta responsabilidad social empresarial que proclaman, nos obliga a establecer la relación de Chomsky, con su libro del mismo nombre, cuando señala en su irreductible irreverencia, que,como en otras situaciones, las multinacionales tratan de comprar silencios cómplices, pero que para lograr sus protervos intereses y dar rienda suelta a su avaricia económica, lo mejor que pueden hacer es "mantener la chusma a raya", para abortar cualquier manifestación del espíritu crítico. Es decir para que no quede tan expuesta la carencia de la concepción ética del medio ambiente, de la que se aprovechan las 200 multinacionales que manejan el mundo, destruyendo la "casa " de todos.

* Analista Internacional, colombiano.

WANDA, DA SILVA Y PEPE

JOSE LOPEZ HURTADO*

joselopezhurtado13@yahoo.es

Las FARC y el ELN (Ejercito de Liberación Nacional) lograron entender después de muchos años de inútil derramamiento de sangre, que la lucha armada resulta anacrónica, como lo dejaron conocer el año pasado en la Cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe), realizado en Caracas, sobre cuya utilidad a la integración de la región, nos proclamamos incrédulos, dicho sea de paso.

ENTRE EL BURRO Y EL"MAJUNCHE"

JOSE LOPEZ HURTADO*

joselopezhurtado13@yahoo.es

Mediando una distancia de un mes entre una y otra, se celebrarán las elecciones presidenciales en E.U. y Venezuela, en un momento significativamente particular en la geopolítica mundial y del hemisferio.

La Casa Blanca, con su enorme poderío, sigue marcando la pauta del mundo, y afianzando su papel protagónico en los destinos del planeta, a pesar de la aparición de nuevos agentes militares y económicos, en particular China, que comienzan a disputarle su posición de privilegio.

El singular desarrollo de la campaña electoral en la tierra del Tío Sam, se caracteriza, en esta oportunidad, por un escenario en el que, siendo la primera economía del orbe, alcanza a registrar una población superior a 23 millones de desempleados, un creciente costo de vida, un enorme déficit fiscal que supera los 16 billones de dólares, y una permanente depreciación de los salarios, que es la "piedra en el talón” de los demócratas en trance de reelección.

Las encuestas, cuando ya se realizaron las convenciones de ambos partidos, marcan, por primera vez en el trascurso de la campaña, un empate técnico en las intenciones de voto, que obligan a enfatizar las diferencias programáticas ofrecidas al pueblo norteamericano.

Mientras Romney le apuesta a la deducción de impuestos como estrategia para impulsar la economía, reducir el déficit y generar empleos, --la tasa de desempleo de hace cinco años acá sólo se ha reducido de 8.3% a 8.1%--; Obama insiste en una política tributaria en la que los ricos paguen más impuestos, y en el fortalecimiento de un Estado más atento a las necesidades de los más desprotegidos.

Así que, en este momento, los analistas no se arriesgan a señalar si bastará para los demócratas los pálidos aciertos de la política exterior como la muerte de Bin Laden y el término de la guerra en Irak, cuando todo parece indicar que los asuntos de agenda doméstica serán los que definirán los resultados de los comicios del 6 de noviembre.

Por eso es que a estas alturas, para ambos competidores, resulta de una importancia vital la conquista del voto de los indecisos, equivalente al 5% de las minorías, y en ellas, el definitivo voto latino.

Similar panorama pareciera estar viviendo Venezuela en la recta final de la campaña presidencial, enmarcada entre la desconfianza en las encuestas, la mas incisiva guerra verbal y la disputa del voto de los "ninis" o indecisos, que algunos ubican entre el 15 y el 20%, cifra exagerada para los portavoces de la campaña oficial, por lo que no aparece como un tema relevante para Chávez.

Capriles, además de imprimirle el sello dinámico a la contienda, con la formulación de propuestas serias para el futuro de Venezuela, ha disminuido ostensiblemente la diferencia con su contrincante, en una desigual lucha, en la que pretende convocar a lo que en América Latina, se conoce como "mayorías silenciosas", arrinconadas por el despotismo oficial y la potísima maquinaria del Socialismo del siglo XXI.

"Una derrota de la revolución bolivariana sería una derrota para el mundo...” (!), ha dicho Chávez. También: “... ¡Ay majunche (poca cosa, refiriéndose a Capriles), no sabes contra quién te has metido". Su talante no le da para más, sólo para agraviar. Pero qué de los graves problemas insolutos de esa amada nación hermana.

Analista Internacional, colombiano*.

SOBERBIA DESTRONADA

JOSE LOPEZ HURTADO*

joselopezhurtado13@yahoo.es

Algunos altos exfuncionarios del gobierno del señor Uribe, que hoy se encuentran detenidos y soportan causas criminales, ante la contundencia de las pruebas que militan en su contra, han declarado que son presos políticos de la justicia colombiana.

No tienen otro argumento, ante la impotencia de sus defensores, pretendiendo deslegitimar los procesos que se les siguen, como el caso de la señora exdirectora del DAS (antigua oficina de policía política), sindicada de interceptaciones ilegales, quien gracias al mismo argumento, obtuvo asilo en Panamá, en donde hoy se encuentra.

Es la desesperada estrategia a la que acuden frente a las sentencias condenatorias que se les avecina, y que como es evidente, solo pretenden, como se dice coloquialmente, "torcerle el pescuezo a la ley".

Andrés Felipe Arias, exministro de agricultura de ese régimen, sindicado de los delitos de celebración de contratos millonarios sin el cumplimiento de los requisitos legales y de peculado, acaba de sostener la misma teoría, cuando la Fiscalía General de la Nación, ha ido destruyendo la presunción de inocencia que lo protegía de los graves cargos.

Pero resulta absolutamente evidente que los punibles investigados, corresponden a la categoría de comunes, en este caso, contra la administración pública, y de ningún modo, pueden asumirse como aquellos que atentan contra la existencia y la seguridad del Estado, que revisten una marcada connotación política. Pero que ni aún así pueden llamarse reos políticos, más propio de las dictaduras, que no es el caso colombiano. El señor Arias desconoce maliciosamente esta distinción, y cuando se subroga la condición de preso político, lo que está tratando de señalar es que la justicia colombiana lo tiene entre rejas por su condición de militante de la derecha colombiana, que así mismo se reconoce, y por su estrecha cercanía ideológica con Uribe, de quien pretendía ser su sucesor. Esta forma de pensar explica el por qué durante los ocho años de ese gobierno, los jueces y los Altos Tribunales, fueron objeto de los mas incruentos ataques y hostilidades por parte de quienes en el fondo, buscaban sentar en Colombia la mas oscura hegemonía, lo más distante posible de cualquier control sobre sus actos.

Pero no, los jueces han demostrado que se encuentran bastante distantes de proferir decisiones con algún sesgo político, en consideración al credo religioso o proselitista del enjuiciado. El ex-Alto Comisionado de la Paz, hoy prófugo, también se dice ser un perseguido político por la justicia colombiana, como única justificante de los presuntos delitos que se le endilgan.

Es el último y desesperado recurso que se les ocurre, ante la ausencia de cualquier lógica jurídica, que es lo propio para estos casos.

* Analista Internacional, colombiano.

SANTOS O UN RETO HISTÓRICO

JOSE LOPEZ HURTADO*

joselopezhurtado13@yahoo.es

Colombia ha perdido de manera irrecuperable cerca de sesenta años, durante los cuales han sucumbido generaciones enteras de soldados, labriegos, mujeres, intelectuales, ciudadanos del común y niños, a los que se les quitó impunemente su derecho a la vida.

Pero también durante esas largas décadas el país fue hundiéndose en el ostracismo internacional, y condenado de manera irreversible al subdesarrollo y a la pobreza, por cuenta de la violencia fratricida desatada por minorías criminales ávidas de poder y de riqueza.

Los anaqueles de las bibliotecas están repletos de diagnósticos de propios y extraños, sobre las causas de la hecatombe, que terminan perdiéndose en el océano de las responsabilidades ajenas.

Los colombianos vivimos, por eso, presos de nuestros propios miedos que se nos ha transmitido casi que genéticamente, pero que siguen siendo alimentados por las diarias tragedias que acechan a la vuelta de la esquina.

Hemos transitado el largo viacrucis de sangre casi que con abnegación, como un sino trágico, del que no se ha podido escapar, y lo que es peor, como lo dijera hace pocos días el reconocido columnista español Alonso Ussia, sin la estrecha solidaridad internacional, que hubiera sido lo deseable: "A uno personalmente le duele mucho más la tragedia de Colombia que la de Irak... La bellísima nación de gente buena que nos da día a día, una lección de valentía desde su soledad", escribió.

El Presidente Santos desde el día de su posesión anunció la consecución de la paz, como una de las prioridades de su gobierno, sin que ello significara, en modo alguno, dejar de lado la prerrogativa en el uso de las armas, en su condición de jefe supremo de las fuerzas armadas que la Carta Política le confiere.

Aun cuando no se ha hecho un anuncio oficial, todas las señas parecen indicar que el momento de avanzar hacia un proceso de diálogo y negociación del conflicto armado con las FARC, ha llegado, en un ambiente marcado por el sigilo y la prudencia, propios de un gobierno serio que no está dispuesto a cometer los mismos errores de protagonismo mediático que caracterizó a algunos intentos gubernamentales en el pasado. De ser así, las fuerzas vivas del país, la sociedad civil, los partidos políticos deben rodear al Presidente.

No se puede retroalimentar la tragedia sin fin, como algunos sectores lo predican en su obscura dialéctica guerrerista, porque el que sigue perdiendo es el pueblo, que ya está cansado de la altísima cuota de muertos que ha puesto en un conflicto armado inútil y estéril.

Para sentar, por fin, las condiciones de prosperidad y de desarrollo largamente postergadas, el Presidente Santos ha decidido apostarle a la historia. Lo acompañamos incondicionalmente, en su empeño. Que ojala, al final, esté adornado con los laureles de la victoria y el reconocimiento y satisfacción unánimes de su pueblo.

* Analista Internacional, colombiano.

El Cauca está en llamas, señor Presidente

JOSE LOPEZ HURTADO*

joselopezhurtado13@yahoo.es

Los emocionantes triunfos de nuestros deportistas olímpicos se vieron opacados por la embestida criminal de las FARC, en particular en el departamento del Cauca, sitiado literalmente por los grupos terroristas, que de nuevo esta semana trataron de aislarlo del resto del país, al atentar gravemente contra la única vía de comunicación con el norte y sur del país, la internacional carretera Panamericana y contra su infraestructura eléctrica.

Como lo hicieron en otras partes del país, pero que en nuestro departamento, para quienes somos oriundos y vivimos en él, reviste especial gravedad, que hace temer la repetición de episodios tan graves como aquellos como cuando por muchos días estuvimos sometidos prácticamente a un encierro, a la carencia de productos básicos, y en fin, a ser víctimas de todas las plagas modernas, habidas y por haber.

La precaria economía de subsistencia, porque no tenemos industria, comienza a mostrar síntomas de inanición. Popayán, se ha repetido una y otra vez, ostenta el deshonroso segundo lugar de más alto desempleo en el país, con un largo etcétera de falencias, frente a las cuales la llamada clase dirigente no se da por enterada. Los problemas del campesino caucano, que muy pocas veces se tratan, con altos intereses crediticios, sin insumos agrícolas, sin tierras, sin un acompañamiento permanente del Estado, y que constituyen el único elemento de movilidad productiva de la región, parece que no existieron para quienes están directamente obligados a tomar decisiones en el sector.

Sobre el asunto indígena, como dirían los políticos, existe suficiente ilustración, pero nada que avanza hacia soluciones definitivas, en un tira y afloje que no tiene término. Como sobrediagnosticado el de la narcoguerrilla, que crece en el Cauca en forma alarmante, con atentados, destrucción de torres eléctricas, secuestros, como en los viejos tiempos de los fracasados diálogos de paz. Pero nadie parece darse por enterado, salvo los anuncios de más fuerza pública, más batallones de montaña, y - por fin - de inversión pública, con el engorroso trámite que, se supone debe recorrer para su desenvolvimiento.

La cosa parece no ser por ahí, señor Presidente. Otra vez utilizamos la consabida frase de cajón: el Cauca colocó el más alto aporte, en gentes, en sangre etc., para el nacimiento de la República que hoy tenemos y el Estado nunca ha pagado esa enorme deuda, pero ya es hora de que se haga, sin más dilaciones. Puede ser que este estado de cosas beneficie a unos pocos, pero a costa del sacrificio de muchas generaciones presentes y futuras, de nuestros hijos, de nuestros nietos, Señor Presidente, ya es hora de nuestra redención, para que desde su gobierno de corte liberal se tomen las medidas de urgencia que nos salve de la hecatombe, porque las que se han tomado hasta ahora han demostrado su inutilidad e insuficiencia.

Estimamos que se requiere de decisiones de choque, al amparo de los instrumentos constitucionales como el del Estado de Conmoción Interior del artículo 213 de la Carta Política, previsto para situaciones de emergencia cuando se " atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana...". El pueblo caucano y colombiano aplaudirá esas decisiones, sin duda. Como lo hemos hecho al celebrar su evidente intención de entregar al final de su mandato un nuevo país, menos injusto, más equilibrado, en el que todos podamos vivir mejor.

* Analista Internacional, colombiano.

PARAISO EN PELIGRO

JOSE LOPEZ HURTADO*

joselopezhurtado13@yahoo.es

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el órgano judicial más importante de la ONU, está a punto de fallar sobre el destino final de la demanda propuesta por Nicaragua, en un tema muy sensible para Colombia, como el de las islas de San Andrés y Providencia, en particular, de los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Alburquerque, Cayos Este-Sudeste, es decir de todas las áreas marítimas que le corresponden, porque sobre lo principal del litigio, la soberanía del archipiélago, ya el asunto estaba resuelto desde 1928 cuando se suscribió el Tratado Esguerra-Bárcenas, ratificado a los dos años siguientes.

UNA TEMERARIA AVENTURA

JOSE LOPEZ HURTADO*

joselopezhurtado13@yahoo.es

La Constitución Nacional de Colombia de 1991, fue un afortunado avance tanto en lo político, como en lo jurídico, pues además de representar la conciliación de las más disímiles opiniones, aún de aquellas contrarias a la existencia institucional de Estado, incluyó nuevos derechos y garantías civiles, acordes con el mismo cambio impuesto desde naciones más avanzadas, sobre todo en lo relacionado con las garantías ciudadanas.

Pero más que todo, significaba dejar atrás estructuras de una nación anquilosada en los mandamientos de la iglesia católica , y por tanto confesional y profundamente conservadora, implementada desde la Carta Política de 1886, como con sutiles diferencias ha ocurrido en la mayor parte de los países de América Latina.

La Carta de 1991, actualmente vigente, en lo político diseñó a Colombia como un "Estado social de Derecho", y en lo jurídico implementó figuras de una importancia extraordinaria, con inspiración absolutamente liberal y ecuménica, que acercaron al pueblo de verdad, mediante una democracia participativa, a su más íntima organización. Por eso es que su filosofía de pluralidad política, religiosa, la misma étnica, - de tanta actualidad -, lingüística, cultural etc., la entronizan como un paradigma de referencia en el reconocimiento internacional, cuando de nuevos derechos individuales y colectivos se trata. Las acciones de tutela, de cumplimiento y las mismas acciones populares para la protección de las garantías relacionadas con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, han sido efectivas correas de comunicación entre el ciudadano, sus organizaciones, y las mismas entrañas del Estado en sus estructuras judiciales y operativas.

Esta Constitución es el intento más afortunado hacia la excelencia para el funcionamiento de la sociedad política colombiana, sin duda alguna. En desarrollo, claro está, después de 21 años de vigencia, y aún incluso, a pesar de las modificaciones que se le han hecho, y a las que se acude, cada vez que sectores poderosos de la economía o de la política, la desean ajustar a sus intereses de coyuntura. Como fuere, se insiste, ésta norma de normas es lo más cercano a lo ideal que quisiera una sociedad moderna.

En el inmediato pasado fue objeto de una reforma que partió en dos la historia de Colombia en el siglo XXI: la reelección presidencial por un periodo, lo que de alguna manera demostró la fragilidad de su estructura, como ocurre en muchos países del mundo. Tan frágil que se intentó ampliarla por segunda oportunidad, lo que la máxima corporación de control constitucional, no permitió.

Ahora, con el endeble argumento de abocar la frustrada reforma de la justicia, que constituyó una vergüenza internacional por la vía del Congreso, algunos sectores "viudos del poder", han planteado una nueva reforma constitucional, mediante el mecanismo de una Asamblea Nacional Constituyente, que como se ha expresado por juiciosos estudios de expertos constitucionales y por la misma jurisprudencia nacional y extranjera, no tiene límites de materia, o lo que es lo mismo, es un "cheque en blanco", con consecuencias imprevistas.

La Constitución Política de Colombia de 1991, que redujo de alguna manera la violencia política del país y modernizó al Estado, con su espíritu liberal, está en grave riesgo, por los "retoques" que la ultraderecha colombiana está empeñada en hacerle.

*Analista Internacional, colombiano.